Congreso de Puebla cierra la puerta al aborto legal

Puebla, Pue. Después de ocho horas de discusión, el congreso de Puebla votó a favor de las reformas legislativas que presentó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que mantienen el delito de aborto reduciendo la pena de cinco a un año de cárcel y dejan fuera al matrimonio igualitario.

Con 37 votos a favor se aprobó el paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo en lo general, mismas que responderían a la medida décima por la declaratoria de Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM).

Sin embargo, las propuestas no incluyeron la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, a pesar de que el Legislativo dio entrada a la discusión de una iniciativa de la diputada Rocío García Olmedo y el lunes pasado colectivas feministas presentaron otra iniciativa a favor de la interrupción legal, segura y gratuita.

En la votación de las reservas del paquete de iniciativas, 32 legisladoras y legisladores votaron contra la propuesta de García Olmedo para que se discutiera a fondo la reforma al artículo 342 del Código Penal, ya que una reforma al mismo artículo está pendiente en la Comisión de Procuración y Justicia.

El único cambio que se aprobó fue la reducción de la pena de cinco años a un año de prisión para quienes decidan interrumpir su embarazo.

La propuesta de Barbosa Huerta, donde se mantiene la criminalización a las mujeres que abortan, sería contradictoria a la propuesta en la cual se dará amnistía a las mujeres privadas de la libertad por el delito de aborto.

Niegan matrimonio igualitario
Otra de las reformas que causó molestia en los colectivos de feministas y comunidad LGTBI+ fue que se dejara intacto el artículo 294 del Código Civil, donde se considera como matrimonio la unión de un hombre y una mujer con fines reproductivos.

Esto pese a que la propia Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) emitió la jurisprudencia 1a./J. 43/2015, donde indica que códigos civiles como el de Puebla son discriminatorios e inconstitucionales.

Sobre este punto, Rocío García, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, dijo que pedirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que inicie un recurso de inconstitucionalidad.