En una carta pública, demandan que la Fiscalía General del Estado y al Tribunal del Estado de Oaxaca apliquen en todo momento la perspectiva de género en su actuar. Además, poner atención y énfasis a los recursos que interpondrán los familiares de las víctimas.
También llaman al Gobierno del Estado de Oaxaca, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, a la no simulación de sus obligaciones para garantizar la vida digna de las mujeres en el estado.
En la misiva, difundida a través de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, y firmada por organismos como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Cátedra Unesco, Artemisas, Colem, Cladem y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, señalan que de nueva cuenta en Oaxaca queda manifiesta la ineptitud de las instituciones de procuración de justicia al no poder integrar de manera consistente una investigación que lleve al esclarecimiento del triple asesinato.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado el 4 de septiembre donde argumentó haber presentado datos de prueba suficientes ante el Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón; sin embargo, mostró una actuación deficiente al no poder sustentar su teoría del caso en la cual asegura que Jehú G.L. es autor material del triple asesinato.
Es de destacar la relación de parentesco entre el imputado y los hermanos Francisco y Hageo Montero López, el primero ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, y el segundo actual regidor en el gobierno de Juchitán y excandidato a la presidencia municipal de ese municipio istmeño, quienes propiciaron el bloqueo de carreteras en la región del Istmo tras la detención de Jehú G.L. y una protesta durante las 20 horas que duró la audiencia.
Asimismo, recalcar que María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la SAI, dependencia del gobierno estatal, fue obligada por el entonces titular de esa dependencia estatal, Francisco Montero López, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza y apoyar la campaña de Hageo Montero López desde finales de abril pasado, versión que el extitular e incluso el imputado han intentado desvirtuar.
Se constituyó con esta acción la responsabilidad de exfuncionario público y del regidor de Juchitán, entonces candidato, la presunción de un delito electoral, que hoy sabemos no ha sido judicializado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Las dificultades para el acceso a la justicia en este caso demuestran una vez más que para el Estado la vida de las mujeres no importa, pues lanza un claro mensaje de permisibilidad e impunidad, a pesar de que días atrás se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca y los tres poderes de gobierno en el estado tendrían que generar acciones emergentes para prevenir, sancionar y erradicar esta problemática.
Desde las diversas organizaciones de la sociedad civil que suscribimos condenamos la deplorable actuación de la Fiscalía Regional del Istmo, así como la tenue valoración de prueba realizada por el Juez de la causa que le otorgó libertad al único señalado por la Fiscalía como responsable del crimen.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la vida y seguridad de Soledad Jarquín Edgar y su familia, razón por lo cual le demandamos al estado llevar a cabo todas las acciones necesarias para que puedan ejercer su derecho a la justicia y a la verdad.