México, noviembre (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) A cinco años de esta administración, los 65 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), creados hace 12 años, sólo ofrecen cinco de los 16 servicios que anuncian, están desarticulados jurídica y administrativamente, sin suficiente personal, sin unidad metodológica para atención integral de las violencias contra las mujeres y escasea la capacitación lo que genera revictimización; además, sólo alcanzan a atender a 65.000 mujeres, sostiene el grupo Equis Justicia para las Mujeres.
Dice, además, que apenas 11 por ciento de quienes vivieron violencia de pareja y buscaron apoyo o información acudieron a un CEJUM, hay problemas para atender la demanda, proveer servicios, exceso de rotación del personal y carencia de la especialización que se requiere para atender algunos casos.
Aunque en 12 años la cantidad de centros creció siete veces, principalmente en la pasada administración con 31, en esta se fundaron sólo 17, menos del 25 por ciento. Los hay en 31 entidades, no existe en Tabasco. Entregarlos en mayoría a Gobiernos estatales impide su coordinación, hoy es tiempo de revertir los obstáculos para su funcionamiento.
Equis Justicia para las Mujeres los observa desde hace una década, comprueba que el gasto público que se les asigna no es suficiente para ofrecer una atención integral a las mujeres violentadas y dicho gasto proviene de distintas fuentes, tanto como su naturaleza jurídica, lo que repercute en el acceso al presupuesto y dificulta su operación.
Pensados para ofrecer profunda e integral a las violencias machistas, sin embargo pone énfasis en las denuncias penales, no las cobija y frecuentemente son canalizadas a refugios, por lo que las mujeres reciben una atención diferenciada y, muchas veces, no terminan su proceso. Se quedan a medias.
A pesar de todo ello, el análisis de Equis señala que estos centros sí funcionan para atender y prevenir la violencia contra las mujeres, por lo que deberían estar en el presupuesto de 2024, clara y contundentemente.
Muchas usuarias manifestaron recibir buen trato, cuando dependen de las secretarias de gobierno de los estados, cuando dependen de las fiscalías, no, porque carecen de perspectiva de género y las revictimizan. Equis hace recomendaciones para corregirlo.
Otra característica, observada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF, 2020) es que debían tener una metodología de operación homogénea, ahora cada centro tiene su propio manual de operación, lo que dificulta, entre otras cosas, reportar sus gastos.
Los centros son uno de los instrumentos principales de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: sin embargo, hasta el pasado 8 de mayo no estaban regulados, en esa fecha se incorporó la figura CEJUM en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, y pasaron a depender oficialmente de la Secretaría de Gobernación. Antes su planeación fue limitada.
El segundo informe sobre los CEJUM 2018-2021, realizado por Equis, el primero lo hizo en 2017, advierte la que, a pesar de recurrir a la demanda de información vía transparencia, solamente 23 de los 65 centros dieron información suficiente.
El informe, de 111 páginas editadas en un libro, concluye que se hizo porque se aspira a fortalecer sus servicios mediante la actualización de su modelo de atención -que data de hace una década-, la certificación en integridad institucional, la promoción de estrategias de vinculación y la creación de otros Centros en zonas de alta incidencia de violencia contra las mujeres.
Desarticulados, sin homogeneidad y poca incidencia, a pesar de que a lo largo de su vida, 70 por ciento de las mujeres mexicanas han experimentado una situación de violencia, en particular de tipo psicológico y sexual; en espacios comunitarios (46 %) y escolar (32 %), ha crecido consistentemente desde 2016, cuando reportaron valores de 39 y 25 por ciento, fue como los dejó la responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano, encargada de los centros durante casi tres años y quien renunció la pasada semana para buscar un puesto electoral.
No hubo escucha
Equis Justicia para las Mujeres afirma que a pesar de que se advirtió a las autoridades de las carencias y la situación de los CEJUM, en el informe de 2017, y otros parciales, la condición de los centros no ha cambiado, muchos los sostienen los gobiernos estatales; con estructuras diferenciadas y resultados diversos.
El informe construido con investigación, participación de organizaciones feministas y especializadas, también incluyó entrevistas con las titulares. Por ejemplo, sobre el presupuesto asignado a los CEJUM, puesto que impacta en su funcionamiento diario.
Advierte la organización que "no afirmamos que la calidad de los servicios mejore únicamente si los Centros de Justicia reciben más dinero; sin embargo, las titulares de las direcciones reconocieron que les ayudaría a aliviar diversas necesidades. En un ejercicio hipotético en que les pidieron que distribuyeran un billete de 100 pesos (5,5 dólares) en aquello que consideraban primordial, obtuvimos que lo usarían para contratar más personal; otras también hablaron de la adquisición de materiales y mobiliario, insumos para las usuarias y el mejoramiento de las instalaciones.
Algunas consideraciones
El resumen pormenorizado de atenciones reveló que estos centros no alcanzan a atender más de 65.000mujeres al año, sin una clara dirección.
En un diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021) se advirtió que la competencia de los CEJUM para obtener recursos económicos, humanos y materiales está determinada por su capacidad institucional, los actores que intervienen y el lugar que ocupan en la estructura gubernamental. Se reconoce que no disponen de infraestructura completa y que apenas ofrecían cinco servicios.
La Auditoría Superior de la Federación (2020) identificó 15 instrumentos que conforman la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, coordinados por 10 instituciones. Así puede leerse en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.
El vínculo de los CEJUM con las Fiscalías perpetúa la idea de justicia relacionada con la persecución y sanción de los delitos. Estas son instituciones que oscilan entre la promoción de la denuncia, por un lado, y los desincentivos para las mujeres víctimas de violencia una vez que han decidido hacerlo, por otro. Supimos de casos en que las usuarias sufrieron malos tratos, como regaños, gestos, cuestionamientos o minimización de sus relatos y desaliento para continuar con sus procesos.
La adecuada actuación del personal a cargo de la atención de las usuarias de los Centros de Justicia puede garantizar su permanencia en el proceso, pues factores como la falta de capacitación, el cambio constante de personal o la falta de personal especializado afecta negativamente, al reproducir estereotipos nocivos asociados a la justificación y minimización de la violencia que viven las víctimas
Este informe busca proporcionar a los gobiernos de los estados, así como a las Legislaturas locales, elementos para un mejor entendimiento de la importancia de los Centros como instituciones que previenen y atienden las violencias, así como para impulsar la reforma de sus marcos normativos y garantizar asignaciones presupuestales, guiados por el principio de progresividad, que permitan que estas instituciones reviertan los obstáculos que impiden su óptimo funcionamiento.
En 15 entidades recurren al protocolo nacional de atención a usuarias y a su protocolo local. Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz operan usando sólo el protocolo nacional. En Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro se utiliza el instrumento estatal.
No se obtuvo información de Colima y Sinaloa. Se recomienda fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones de los Centros de Justicia, pues su visión crítica y cercanía a las mujeres víctimas de violencia les permite identificar con mayor facilidad obstáculos de acceso y mejora de los servicios. También se recomienda crear e implementar mecanismos de participación ciudadana que involucren más a las usuarias de los CEJUM, tomando en consideración sus distintas características y construyendo en conjunto servicios que se adapten a sus necesidades e ideas en torno a la justicia.
Información sobre las regiones: Según los datos que recabamos, la región centro mostró un incremento en el número de usuarias que acudieron a los CEJUM entre 2018 y 2019, pero a partir de esa fecha se registró una disminución; en el norte tuvo lugar el fenómeno contrario; en la zona occidente se presentó un alza constante, especialmente notoria de 2019 a 2020, lo mismo que en el sureste del país.
Se reconoce también que no disponen de infraestructura completa y que apenas ofrecían cinco servicios, falta personal especializado.
La mayoría de las usuarias de los Centros de Justicia tienen una edad que oscila entre los 15-29 años y los 30-44 años. Las mujeres mayores son quienes menos acuden a los CEJUM. En la región occidente (Jalisco) es donde más se registró la asistencia de niñas y adolescentes (0-14 años)
Testimonio: Si alguna mujer de una comunidad indígena acude al Centro, se le juzga por su apariencia física e incluso hay un trato discriminatorio porque el lenguaje que se utiliza es distinto al español, asumiendo que no se les entiende porque, al hablar español, lo hacen de forma muy pausada. Las usuarias no quieren volver a preguntar o incluso señalan que son mayahablantes. Es muy difícil para las usuarias llegar al Centro de Justicia para las mujeres, toda vez que está ubicado sobre el periférico que rodea todo el municipio de Mérida. Y las que se trasladan del otro lado de la ciudad tienen que tomar dos camiones, dos autobuses, lo cual les lleva aproximadamente una hora, hora y media. Aparte del desgaste no sólo emocional, psicológico, porque la mayoría no cuenta con un vehículo para trasladarse, si no también afectando su economía
Violencia sexual: Con datos de nueve entidades, durante 2021 en promedio una de cada 10 usuarias vivió actos que dañaron su cuerpo o su sexualidad, según se define en la LGAMVLV, aunque esta proporción es mucho mayor en San Luis Potosí.
La falta de datos desagregados acarrea dos consecuencias inmediatas. Por un lado, invisibiliza las vivencias y experiencias propias de ciertos grupos de mujeres, lo que dificulta atenderlas satisfactoriamente y, por otro, impide revertir estigmas, prejuicios y prácticas discriminatorias, así como analizar las desigualdades. Los hombres también acuden a los Centros de Justicia. En su mayoría se trata de niños y adolescentes hijos de las mujeres víctimas de violencia. Casos como el de Chihuahua, donde todos los usuarios tenían más de 60 años. Podría tratarse de los padres, las parejas u otros familiares de las mujeres afectadas por los hechos violentos e incluso hombres víctimas de violencia.
Con información de nueve estados es posible identificar hasta 11 tipos de violencia; no obstante, las violencias psicológica, física y económica fueron las más detectadas entre las usuarias.
La violencia feminicida, por otro lado, sólo fue mencionada por la Ciudad de México y Chihuahua. En el CEJUM de Ciudad Juárez reportó que el total de sus registros de violencia corresponde a esta categoría.
En relación con el número de servicios proporcionados por los Centros de Justicia, los datos entregados por 17 entidades dejan ver que la atención jurídica es la más frecuente, seguida de la atención psicológica, de trabajo social y médica; esto podría confirmar la importancia de la denuncia como medio de acceso a la justicia.
Datos de 12 estados evidencian que, pese a tener características específicas, suelen reportarse como referencia casas de emergencia, albergues, casas de tránsito o casas de acogida.
De especial preocupación son los obstáculos para acceder a los servicios de los CEJUM. "Identificamos que tiene un papel relevante su ubicación geográfica porque, en los casos en que sólo hay un Centro en el estado, implica desplazamientos largos o costosos para las usuarias".
"Su localización dentro de las Fiscalías o en instalaciones contiguas también puede desincentivar a las mujeres de acudir a ellos, particularmente si la atención se condiciona a la interposición de una denuncia. A lo anterior se añade el desconocimiento sobre sus servicios, pues los esfuerzos de difusión suelen centrarse en las redes sociales, con poco impacto a nivel municipal".
Sobre la calidad de los servicios, las entrevistas revelaron que falta de personal en prácticamente en todas las áreas que conforman los CEJUM, tanto por la demanda de atención como por la obligación de proveer servicios, la rotación y la especialización que se requiere para atender algunos casos.
También se mencionaron aspectos como los tiempos de espera, la carencia de transporte y combustible, alimentos, insumos de aseo personal y para bebé, mobiliario y equipo. A esto se suman las experiencias de maltrato a las usuarias relatadas en testimonios, entre regaños, gestos, cuestionamientos o minimización de sus relatos y desaliento para continuar con sus procesos, en especial al presentar su denuncia.
A las tres horas de espera, con la usuaria desesperada porque su hija e hijo tenían hambre […], pensó en regresar a su casa […]. Me comuniqué con la entonces directora del CEJUM para solicitar que interviniera y le brindaran atención. Eso cambió la situación, salieron a buscar a la usuaria, quien ya estaba fuera del lugar, le levantaron la denuncia. Las siguientes siete horas fue un ir y venir de llamadas.
La ausencia de un enfoque diferenciado en la provisión de servicios, por otra parte, puede agudizar la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia. Por mencionar algunos datos, apenas dos entidades dijeron contar con baños accesibles, tres con sillas de ruedas, siete con intérprete de lengua de señas y cinco con rampas de acceso. Sobre la disponibilidad de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, cinco estados manifestaron tener personal propio, mientras que 16 se auxilian de otras instituciones y les convocan cuando es necesario. Por último, también tuvimos conocimiento de que suele rechazarse a las usuarias de sustancias psicoactivas, pues no se sabe cómo tratarlas.
Los CEJUM existen en 31 entidades y, a pesar de las elocuentes cifras de la persistencia de la violencia, las mujeres víctimas de violencia no recurren a las instituciones. Por ejemplo, apenas 11 por ciento de quienes vivieron violencia de pareja y buscaron apoyo o información acudieron a un Centro de Justicia en parte, al desconocimiento de sus servicios entre las mujeres en general y también entre sus usuarias. No obstante, la mayoría de quienes sí recurrieron a ellos (84 %) dijeron haber sido tratadas bien y con respeto; aunque esta percepción disminuyó seis puntos porcentuales respecto a la medición anterior (INEGI, 2022a).
Antecedentes: Informe nacional 2018-2021
Los primeros CEJUM iniciaron operaciones en 2011, en Chihuahua, Campeche y Chiapas. Desde entonces, su número ha aumentado sostenidamente.
Su creación se relaciona con el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, luego de su visita a Ciudad Juárez en 2005 (Consejo Económico y Social, 2006), en relación con prestar servicios de protección y apoyo para las víctimas, sus familias y las mujeres en riesgo, así como con el informe de fondo presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2007, con motivo del Caso González y otras ("campo algodonero") vs. México (CIDH, 2009), en que solicita adoptar una política integral, coordinada y de largo plazo para prevenir y reparar la violencia contra las mujeres.
En 2012, cuando apenas se contaban siete Centros de Justicia en México, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó mejorar su capacidad y ponerlos al alcance de todas las mujeres y niñas.
Al final del sexenio 2012-2018 ya había 48. En 2017, Equis Justicia para las Mujeres, A.C. (en adelante, Equis), publicó su primer informe sobre el tema. En él se destacó la heterogeneidad de los CEJUM respecto a los documentos por los que fueron creados, sus dependencias de adscripción y herramientas operativas, así como los recursos económicos y humanos de que disponían.
El pasado 8 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en materia de Centros de Justicia para las Mujeres, que venía gestándose desde 2016 con el impulso de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas EQUIS. Esta normativa incorpora una definición precisa de los CEJUM, para quedar así.
"Son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento (Segob, 2023, art. 5º)
Autoras:
Directora general Fátima Gamboa Estrella, subdirectora ejecutiva Maïssa Hubert Chakour, coordinadora del Área de Políticas Públicas Nancy Carmona Arellano, Investigación y análisis Nancy Carmona Arellano, Daniela Cuéllar Sánchez, Aranza Gamboa Altamirano, Alejandra Ramos Lezama, Mónica Rebollo López.
Revisión APIS Sureste: Fundación para la Equidad, A.C., e integrantes del Observatorio Ciudadano de Centros de Justicia para las Mujeres: Colectivo Mujer y Utopía, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos", Incide Femme, A.C., Kóokay Ciencia Social Alternativa, A.C., Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia, A.C.