Buenos Aires, mayo (Especial de SEMlac).- A veces, la más tremenda de las realidades supera (y por lejos) a la peor de la ficción. Belén es una joven de 27 años de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, y está en prisión hace dos años porque la culpan de un aborto que nunca se realizó.
Belén no se llama "Belén". Proteger un fragmento de su privacidad parece ser el único derecho que hoy puede atesorar y su historia es una clara muestra de abuso de poder, de violencia y de inoperancia interesada.
Hace dos años, la joven ingresó al hospital Avellaneda con dolores abdominales, estaba en pleno proceso de un aborto espontáneo. Desconocía que estaba con 22 semanas de embarazo. Ese mismo día, el personal del hospital halló un feto en un baño e inmediatamente se lo atribuyeron a ella.
Belén relató que un enfermero le trajo el feto en una caja, luego la humilló con insultos y la exhortaba a mirar el feto. Además de esa tortura, tuvo que soportar las "inspecciones" de policías sobre sus partes íntimas.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, solicitó su libertad inmediata e incondicional. "Ni ella ni ninguna otra mujer o niña deber sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica. Los maltratos y padecimientos sufridos por Belén en el hospital pueden constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes para el derecho internacional", señaló Belski.
Amnistía Internacional, además, exhortó a las autoridades a "iniciar de manera rápida, imparcial e independiente, una investigación sobre las alegaciones de malos tratos y violación del derecho a la privacidad por parte de los efectores de salud y miembros de las fuerzas policiales".
Nunca hubo pruebas que afirmen que el feto era de ella, nunca hicieron una prueba de ADN, "le plantaron un feto", dice y repite Soledad Deza, abogada de la joven.
El martes 3 de mayo, Belén fue condenada a ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía, fundamenta el fallo. "Es vergonzoso, el mismo Estado que a través de los profesionales de la salud la maltrató cuando sufrió un aborto espontáneo, y que con la policía le armó una causa, con la Justicia la acusó, la defendió mal y la condenó peor", sostuvo Deza.
"Mi Defendida ingresó a buscar ayuda sanitaria al Hospital Avellaneda en la madrugada del 21 de marzo a las 3.50 am y frente al diagnóstico de un evento obstétrico adverso ("aborto espontáneo incompleto sin complicaciones" (…), el Estado, a través de su propio personal de salud, policial y judicial, la devolvió convicta a un Penal", refiere uno de los párrafos de la Defensa.
No hay razón para que la joven esté presa sin pruebas, desde hace dos años. En este sentido, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) refiere que en la presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.
El escrito de la Defensa dice sobre lo afirmado por la CIDH: "una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, debiendo ser absuelta en caso de que la prueba sea incompleta o insuficiente. El principio de inocencia exige, entre otros requisitos, que el imputado sea tratado como inocente durante la sustanciación del proceso, cosa que aquí no ha ocurrido".
Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, remarcó a SEMlac que "la prisión preventiva de dos años es inadmisible para un caso viciado de nulidad y carente de pruebas. A Belén se la juzgó desde que ingresó al hospital. La acusación de 'asesina' se fundamenta en el supuesto moral de que las mujeres somos siempre madres en potencia y que la interrupción de ese proceso de gestación es un crimen".
El martes 3 de mayo, la Defensa de Belén solicitó el cese inmediato de la prisión preventiva con el fin de esperar en libertad la condena firme.
Este caso es un reflejo de múltiples abusos. La abogada defensora relata que la imputación está llena de contradicciones, por ejemplo: la partera encontró un feto a las tres de la madrugada; Belén ingresó a la guardia del Hospital Avellaneda con dolores abdominales a las 3:50.
Además, la Defensa cuenta que la historia clínica del hospital dice que Belén tuvo un "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones", pero luego el médico firmante se contradice en la causa al afirmar que había un "cordón umbilical desgarrado". En la causa tampoco se especifica en qué baño fue encontrado ese feto, "rescatado de una cañería", hay confusión en cuanto al sexo del feto y se dice que pertenecía a una mujer de 35 años (Belén por entonces tenía 25.) Estas son solo algunas de las contradicciones de la causa.
Soledad Deza adelantó que, en los próximos días, presentará la apelación del fallo ante Casación. Mientras, la diputada Victoria Donda advirtió que "cuando se agoten las instancias internas, vamos a llevar a esta provincia a que explique en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos qué es lo que hicieron con Belén".
No se trata solo de Belén
El caso deja en evidencia "la moral machista de nuestra sociedad y los prejuicios asociados a ella. La garantía de todo derecho fue violentada por el propio Estado, supuesto garante de esos derechos. El derecho a la salud fue violentado, el derecho a vivir una vida libre de tortura también", remarcó Mac Dougall a SEMlac.
La integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestó que es urgente la necesidad de capacitar con perspectiva de género de toda persona que trabaje en el Estado (médicos, personal de enfermería, jueces, abogados, policías).
A la vez, este caso vuelve a poner en foco a un Estado deudor de "una educación sexual integral laica y con perspectiva de género; la efectiva aplicación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, de brindar garantía en el sistema público de salud sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema acerca de los abortos que sí son legales en nuestro país", expresó Mac Dougall.
"Y además, evidencia la deuda de un urgente debate y sanción por parte del Congreso Nacional del Proyecto de ley presentado ya cinco veces por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (proyecto de interrupción legal del embarazo)", concluyó Mac Dougall. Por: Norma Loto
