México, diciembre (SEMlac).- La Cámara de Diputados de México aprobó reformas para garantizar medidas de protección a la infancia en orfandad, al modificar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente.
Esas modificaciones a los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes buscan establecer la concurrencia de todas las autoridades federales, estatales y municipales para que se garanticen las medidas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad.
El dictamen que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de Protección, garantizarán que reciban de manera inmediata todos los cuidados que se requieran por su situación de orfandad.
De acuerdo con Unicef en México hay un millón 600.000 niñas, niños y adolescentes que están en condición de orfandad a causa del fallecimiento de sus padres o madres, como consecuencia de diversos factores, como la migración, el crimen organizado, feminicidio y por el covid-19.
En la fundamentación del dictamen precisó la diputada panista Margarita Ester Zavala Gómez del Campo de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que, hasta marzo de 2021, el INMUJERES ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes con orfandad por el feminicidio. Además, de acuerdo con el DIF, son alrededor de 118.000 niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad a causa de la pandemia.
Abundó que todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano, así como garantizarle sus derechos a la salud, educación, a tener una familia y a la seguridad.
La diputada priista (Partido Revolucionario Institucional) promovente del dictamen, Laura Barrera Fortoul, mencionó que garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, y al incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños requiere de una participación y compromiso más amplio, así como la intervención de todas y todos y de cada uno de los actores y sectores del país.