Anastasia Mejía se compromete a seguir informando a pesar de su arresto

Guatemala, Gua. El 24 de agosto de 2020, Anastasia Mejía se preparó para otra cobertura más en Joyabaj, localidad de la región central de Guatemala. De 49 años, había dedicado los 11 años anteriores a informar sobre la comunidad indígena maya quiché de la ciudad, comunidad a la que pertenece.

El tema de la cobertura de ese día era una protesta de comerciantes, en su mayoría maya quiché, quienes querían que el alcalde, Florencio Carrascoza, restableciera un permiso para la venta de sus mercancías, el cual había revocado debido a la COVID-19, Mejía declaró al CPJ por video conferencia. Mejía, una de las pocas periodistas de la ciudad que critica a la municipalidad, sabía que la protesta era importante, pero no tenía idea de que la haría terminar en la cárcel.

Afuera de la municipalidad, Mejía comenzó a grabar un video y a transmitirlo por Facebook Live en la página de Facebook de Xolabaj TV, el medio de prensa dedicado principalmente a temas indígenas y de la mujer que había fundado en 2013. Los manifestantes estaban claramente desesperados. Sin ninguna fuente de ingreso, muchos habían comenzado a pasar hambre.

Gritando insultos contra el alcalde, ingresaron a la municipalidad y saquearon las oficinas y quemaron papeles y muebles. Mejía relató en el video lo que presenció: “Continúan las llamas, siguen saqueando la municipalidad. El señor alcalde ninguno de los puntos quiso escuchar”.

Como única periodista en el lugar, apuntó Mejía, documentó todo lo que pudo, incluso después de caer al suelo en medio del tumulto. “Todo era caos, cuando yo veo que comienzan a tirar todo a las puertas y a quemar todo. Esa manifestación se convirtió en algo terrible. Pero yo dije ‘yo voy a darle cobertura’, ese es mi trabajo”, declaró Mejía al CPJ.

Casi un mes después, la periodista se enteró de que la cobertura realizada ese día había tenido un precio. El 22 de septiembre de 2020, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala arrestó a Mejía y a Petrona Siy, una líder indígena local y presidenta de la asociación de comerciantes, sin presentar orden de arresto.

La Fiscalía guatemalteca acusó a Mejía de participar en la protesta y la procesó por los delitos de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado, como el CPJ lo documentó en la época.

Mejía estuvo presa sin juicio durante 37 días en un centro penitenciario del departamento de Quetzaltenango, a unos 120 km de Joyabaj. Según su abogada, Ana López, quien habló con el CPJ por vía telefónica, su detención constituyó una violación de la ley guatemalteca, que estipula la realización de una audiencia judicial en un plazo de 48 horas a partir del arresto.

El 29 de octubre, la periodista fue liberada con “medidas sustitutivas”, equivalentes a la libertad condicional. Según López, los cargos penales ahora se han reducido a los delitos de incendio y sedición, sancionables con penas de cárcel de cuatro a 12 años, y hasta dos años, respectivamente.

El CPJ se comunicó por correo electrónico con la Fiscalía, que a su vez solicitó al CPJ comunicarse con el Poder Judicial departamental. El CPJ envió preguntas por correo electrónico al Poder Judicial, pero no recibió respuesta.

En la actualidad, a cinco meses de su liberación, la labor periodística de Mejía se ha visto gravemente limitada. De acuerdo con López, Mejía no puede salir del departamento de Quiché, al cual pertenece Joyabaj, por orden judicial, y debe presentarse ante la Fiscalía cada 15 días hasta el final del juicio, que se ha postergado numerosas veces. La primera jueza asignada a la causa judicial, Susy Pérez,se recusó del juicio en febrero, a raíz de que los abogados de la defensa la acusaran de discriminar a los indígenas, señaló López. Al mes de abril de 2021, no se había asignado ningún otro juez a la causa.

López declaró al CPJ que la orden judicial dictada contra Mejía también le prohíbe acercarse al alcalde Carrascoza, por mucho tiempo el tema de su labor periodística, y a cualquier concejal.

Sin embargo, ello no ha impedido que el alcalde tome medidas adicionales para restringir aun más el trabajo de Mejía. La periodista ha dicho al CPJ que el alcalde, de manera extraoficial, ha logrado impedir su participación en la mayoría de los actos públicos, pues ha presionado a las personas para que no le permitan entrar, porque de lo contrario podrían perder fondos municipales o el permiso para reunirse.

“El alcalde no me deja laborar en algunas comunidades. Les prohíbe mi presencia y los amenaza. No he podido ir a algunas partes por eso”, resaltó Mejía.

El CPJ llamó en dos ocasiones al Gobierno municipal de Joyabaj, pero en ambas ocasiones una secretaria le dijo al CPJ que el alcalde no estaba disponible para una entrevista. El CPJ también le envió a la municipalidad una lista detallada de preguntas dirigidas a Carrascoza.

La funcionaria de información pública Sheyla Fabiola García Santos contestó por correo electrónico que la municipalidad estaba tramitando la petición, pero el CPJ no recibió respuesta.

Además de su trabajo como periodista, Mejía es una líder comunitaria, una ajq’ij —guía espiritual maya—, y en su tiempo libre fabrica joyas. Durante más de 20 años, ha sido una voz fundamental en Santa María de Joyabaj, que ha denunciado la corrupción y la falta de transparencia en la gestión del Gobierno municipal, y ahora les brinda un canal de expresión a las mujeres indígenas.

Mejía comenzó sus pasos en el periodismo como presentadora de una radio comunitaria en 2009, donde transmitía en los idiomas maya quiché y español, y compartía información sobre política y cultura. “En esos tiempos, yo tenía que pagar por el programa pero algunos amigos me ayudaron. Yo comencé a hacer transmisiones de bendiciones de semillas, y así mucha gente me fue queriendo y confiando en mí”, recordó Mejía.

Al inicio, el trabajo informativo de Mejía atrajo la atención de algunos políticos locales, quienes mostraron rechazo a sus programas dedicados a los derechos humanos y la participación política, expresó la periodista.

El alcalde fue uno de sus primeros detractores. Mejía recuerda que un compañero de la radio le dijo que Carrascoza, entonces concejal de la municipalidad, le había ordenado que “sacara a esa mujer”, diciendo que no le gustaba que Mejía exhortara a los oyentes a defenderse de presuntos abusos gubernamentales.

Ante la presión de Carrascoza, explicó Mejía, tuvo que cambiar de radioemisora varias veces en un período de cinco años. La periodista afirmó que el alcalde incluso amenazó con retirar las antenas que las radioemisoras habían colocado en las montañas que rodean a Joyabaj para ampliar el alcance de sus señales.

“Estaba cansada de eso”, sostuvo Mejía, y en 2012 decidió fundar su propia radio, Xolabaj, que significa “un lugar entre piedras” en idioma maya quiché. La radio se puede escuchar en las frecuencias radiales y por la Internet.

En 2017, Mejía creó Xolabaj TV, que transmite videos y grabaciones en directo en las cuentas de Facebook y YouTube del medio. En la actualidad, de los siete trabajadores de Xolabaj, seis son mujeres. Sus programas se transmiten en español y en quiché —los dos idiomas más hablados en Joyabaj, donde más del 90 % de la población es maya quiché—. Además de cubrir problemáticas indígenas y de la mujer, el medio da cobertura informativa a la corrupción pública.

“La gente nos escucha hasta en Estados Unidos”, comentó Mejía.

En 2015, los reportajes de Mejía sobre la presunta malversación de fondos públicos por parte del Gobierno municipal atrajeron la atención del Partido Patriota, un partido político local que la invitó a postularse para concejala de Joyabaj. Viendo el cargo como una oportunidad para vigilar de cerca las actividades del alcalde, Mejía aceptó la candidatura y triunfó, pero también siguió trabajando como periodista.

Cuando se desempeñaba como concejala, expresó Mejía, el alcalde la denigraba reiteradamente por ser una mujer indígena y les gritaba a otros empleados municipales, comportamiento que la motivó a solicitar dos veces al Ministerio Público que investigara al alcalde, en una ocasión por el presunto maltrato de mujeres y en otra por abuso de autoridad.

Según versiones periodísticas, el Ministerio Público investiga las denuncias, así como al menos otras cuatro, entre ellas una de presunto fraude, contra el alcalde. Puesto que los funcionarios electos en Guatemala gozan de inmunidad legal, el Ministerio Público debe encontrar indicios de delito para poder activar un procedimiento legal aparte con el fin de despojar al funcionario de su inmunidad y permitir que el proceso judicial siga adelante.

Carrascoza declaró al medio digital salvadoreño El Faro que las denuncias forman parte de una conspiración contra él por parte de defensores de los derechos humanos y periodistas. En alusión a Mejía, Carrascoza expresó: “Ella viene a difamarme”.

En 2020, Mejía dejó el cargo de concejala al acabarse su período de cinco años, y se volvió a dedicar completamente al periodismo. “Yo estoy convencida que mi misión mía es servir a la gente, que yo no puedo fallarles, yo tengo que decirles la verdad siempre”, aseguró Mejía.

Según Nelton Rivera, periodista e investigador del medio de prensa independiente guatemalteco Prensa Comunitaria, la historia de Mejía se enmarca en un patrón en el cual los periodistas indígenas sufren represalias por denunciar la corrupción local que afecta a sus comunidades. El CPJ ha documentado cómo esta tendencia contribuye a erosionar la libertad de prensa en Guatemala, donde los periodistas de distintos orígenes se enfrentan al hostigamiento judicial, las campañas de ataque en las redes sociales y la amenaza de violencia.

“Vemos patrones que se repiten, son periodistas indígenas que los grupos de poder quieren censurar cuando documentan sus abusos”, Rivera declaró al CPJ. Entre estos casos se encuentra el de los periodistas de Prensa Comunitaria Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul Morales, quienes han sido procesados por la cobertura periodística de una protesta realizada en 2017 contra una empresa minera en El Estor, departamento de Izabal, la cual dejó un saldo de víctimas mortales, como el CPJ lo documentó. Xitumul estuvo encerrado en prisión preventiva por más de cinco semanas antes de ser liberado con una medida de arresto domiciliario, mientras que Choc se ocultó para no ir preso.

Julián Ventura, activista y periodista freelance maya quiché, declaró al CPJ por vía telefónica que el Estado guatemalteco no considera “verdaderos” periodistas a los periodistas indígenas. Ventura señaló que la causa judicial contra Mejía ha infundido el temor entre los periodistas indígenas.

“El objetivo es callar la voz de los pueblos. Ellos no quieren que se sepa la información sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Ellos quieren mantener con miedo a las comunidades”.

Pero Mejía se ha comprometido a no dejar que eso suceda. “No me van a silenciar”, declaró al CPJ. “Nosotros los periodistas somos la voz, el sentir y la esperanza del pueblo”.