Pese a los avances registrados con respecto a la violencia en contra de mujeres y niñas indígenas, persisten desafíos importantes. FOTO: SEM MÉXICO.

México, junio (SEMlac).- Pese a los avances registrados con respecto a la violencia en contra de mujeres y niñas indígenas, persisten desafíos importantes, advierte la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem.

Al presentar su informe, el 20 de junio, en cumplimiento de la resolución 41/17 del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, la relatora especial detalló que los grandes pendientes tienen que ver con la cuestión de la jurisdicción, la justicia intercultural y la aplicación del derecho indígena en los casos de violencia contra las mujeres, o incluso a la falta de reconocimiento de las circunstancias particulares de las mujeres y las niñas indígenas y la violencia estructural a la que se enfrentan.

“En muchos casos, las mujeres y las niñas indígenas se ven obligadas a recurrir, en primer lugar, a los mecanismos de justicia tradicionales que se rigen por el derecho consuetudinario, que pueden ser, al igual que los sistemas de justicia nacionales, patriarcales y parciales”, detalla el documento presentado este 20 de junio.

En este sentido, Reem Alsalem señaló que, en Palestina, por ejemplo, los casos de violencia de género suelen remitirse primero a los líderes comunitarios tradicionales (mujtares). Y en algunos casos, la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas goza de comprensión y aceptación por parte de la comunidad, lo que dificulta la búsqueda de justicia o de protección frente a los abusos.

En el marco del 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde se realizó el Debate Interactivo con la Relatora Especial de la ONU, la relatora destacó que las mujeres y niñas indígenas siguen estando excluidas de los programas de reparación.

Por ejemplo, en el Perú se inició en 2007 un programa de reparaciones individuales y colectivas para las víctimas del conflicto en el país (1980-2000). Sin embargo, no se han realizado suficientes esfuerzos para abordar la violencia sexual y otras formas de violencia de género en el marco del conflicto, puesto que hay unas 6.000 víctimas que aún no han recibido reparación.

“La aplicación efectiva de las recomendaciones de las comisiones de la verdad o las comisiones de investigación y la adopción de medidas concretas en aplicación de las decisiones judiciales siguen siendo un desafío”, advierte.

El informe, al que SEMlac tuvo acceso, destaca que todavía no se han realizado avances para responder a las demandas de rendición de cuentas, medidas demostrables y cambios en las políticas que plantean las mujeres indígenas. Para conseguir estos objetivos se requerirá una mayor visibilidad y participación de las mujeres indígenas como agentes de cambio en los procesos de toma de decisiones.

Además, no se están realizando suficientes esfuerzos para proteger a las mujeres indígenas que desean participar en política, mediante la formulación de leyes que las protejan de la violencia y preserven ese espacio para ellas. Igualmente, las cuestiones relacionadas con las mujeres y las niñas indígenas no suelen incluirse en los espacios a los que se invita a las mujeres políticas indígenas, lo que contribuye a que se sientan más invisibles.

La discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas amenazan con perturbar su vida espiritual y cultural, y repercuten en la esencia misma del tejido social de sus comunidades y naciones, como sucede en regiones de México, de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, principalmente.

Por ello, consideró urgente que los gobiernos atiendan el tema y tomen en cuenta las recomendaciones que la relatora especial detalla en su informe y entre las que destacan:

Los Estados deben garantizar que su legislación nacional sobre violencia de género sea plenamente aplicable a las mujeres y niñas indígenas y sensible a sus experiencias, en particular mediante la adopción de disposiciones específicas para dar cuenta de todas las formas de violencia contra ellas, como la violencia ambiental, espiritual, política y cultural.

Los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia de género, investigar y castigar a los autores y dar reparación a las mujeres y niñas indígenas víctimas.

Los Estados deben seguir modificando cualquier ley o política que menoscabe la capacidad de las comunidades indígenas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres indígenas. Para garantizar que estas leyes sean pertinentes y culturalmente adecuadas, se debería contar con la participación de representantes indígenas, especialistas en derecho indígena e intérpretes culturales a fin de lograr una mejor comprensión de los procesos y los derechos.

Los Estados deben adoptar y aplicar medidas para erradicar los estereotipos de género discriminatorios y las actitudes sociales negativas que son la causa fundamental de la violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas, incluso en el entorno escolar y los planes de estudio.

Los Estados deben garantizar que las mujeres y las niñas indígenas gocen de acceso efectivo a los sistemas de justicia sin sufrir discriminación, prejuicios o estereotipos étnicos y/o de género. Esto incluye el acceso a la asistencia y la representación jurídica y a la información en sus propias lenguas indígenas.

Los Estados deben adoptar medidas proactivas y eficaces para reconocer, apoyar y proteger la vida, la integridad y la labor de las defensoras indígenas de los derechos humanos y velar por que lleven a cabo sus actividades en condiciones de seguridad y en un entorno propicio e inclusivo, ofreciendo una firme protección a aquellas que corran riesgo de sufrir violencia.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer debería incluir la cuestión de las mujeres y niñas indígenas en su programa oficial de debate para los próximos años.