Querétaro, 10 Diciembre 2021.- La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMED), acreditó la existencia de al menos 10 casos de tortura y fabricación de delitos al interior de los Centros de Reinserción Social (CERESO) del estado de Querétaro.
El informe refiere que cada uno de los casos cuentan con todas las características de violación a los derechos humanos y agresiones de la autoridad.
De acuerdo con la LIMED, estos casos han sido comprobados mediante el llamado "Protocolo de Estambul", que es un manual especializado en detectar y acreditar casos de tortura, castigos, tratamientos crueles, denigrantes o que atenten contra los derechos humanos, esto con una validación a nivel internacional.
Abigail Escalante Tirado, representante de la LIMED, reconoció que estos 10 casos son únicamente los que tiene conocimiento dentro de su asociación, sin embargo, pueden existir diversos registros de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, además de las que no se registran en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).
"Hay muchas carpetas en revisión, tenemos carpetas que llevan hasta 2 años en revisión, que tienen Protocolo de Estambul positivo y que se encuentran en un limbo jurídico porque no están en una mesa de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), sino en una supuesta mesa de análisis y llevan todo este tiempo detenidas", denunció.
Sobre la fabricación de delitos, la activista denunció que esta práctica se da al interior de la propia FGE, en la que los elementos de investigación agreden a los detenidos con el objetivo de generar una declaración bajo amenaza y se pueda iniciar un procedimiento que dicte su encierro en alguno de los Centros de Reinserción.
"Se da al interior de la misma fiscalía, el policía de investigación le da unos golpes al detenido para que acabe de firmar, para que pueda incriminarse y lo tienen ahí sin darle acceso a un abogado, sin permitirle ver a sus familiares y tenemos unos casos tan absurdos que se observan los golpes y la misma fiscalía lo desmiente", advirtió.
Reconoció que en los últimos 2 años, por motivos de la pandemia, las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos han tenido poco acceso a los penales, debido a los protocolos de sanidad que solo permiten ingresar a dependencias oficiales o comisiones del estado.