Ciudad de México.- Al participar en el Conversatorio “Rumbo a la ratificación del Convenio 190 de la OIT”, integrantes de la “Unión Nacional de Trabajadores (UNT)”, la “Red de Mujeres Sindicalistas” y la “Campaña Trabajo Digno. Derecho de las Trabajadoras”, expusieron una ruta de trabajo para conseguir que México ratifique el recién aprobado instrumento internacional contra la violencia y el acoso laboral.
La sindicalista Rosario Ortíz explicó que tras la adopción en 2019 del Convenio 190, las sindicalistas y trabajadoras mexicanas se han organizado para buscar que México lo ratifique.
Explicó que han sostenido reuniones con la senadora Patricia Mercado, integrante de la Comisión de Seguro Social, y con la asesora de la senadora Malú Michel, con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quienes se comprometieron a incidir legislativamente para apurar la ratificación de este convenio. Asimismo, las sindicalistas también se han reunido con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en la Secretaría de Gobernación.
Producto de esto, el próximo 8 de diciembre, 17 trabajadoras y sindicalistas participarán en un conversatorio dentro del Senado para hablar e incidir en la ratificación de este Convenio y, próximamente, tendrán un foro nacional sobre el mismo.
Por su parte, la abogada e integrante de la “Campaña Trabajo Digno”, Angélica González, dijo que la resistencia por parte de los empleadores o representantes del sector patronal ha obstaculizado el proceso de ratificación de este Convenio en el resto del mundo.
A dos años de su adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo nueve países (Uruguay, Somalia, Nambia, Mauricio, Italia, Grecia, Fiyi, Ecuador y Kenia) lo han ratificado; el resto, como México, aún no lo hace. Este Convenio entra en vigor 12 meses después de que dos Estados lo hayan ratificado, es decir, en junio de 2020. Si México lo ratifica, será obligatorio.
El Convenio 190 de la OIT se construyó luego de que trabajadoras, sindicalistas, representantes del gobierno, representantes del sector empresarial y la OIT, se reunieron varias veces para definir; y gracias a la incidencia de las trabajadoras, se consiguió que este instrumento internacional, vinculante, incluyera medidas específicas para la violencia en razón de género que sucede en el ámbito laboral, así como la violencia psicosocial y económica en el trabajo.
La abogada feminista Dafne Peña recordó que México ya tiene instrumentos legales que obligan a las y los empleadores y al Estado, a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas de 2012 y 2018 a la Ley Federal del Trabajo; no obstante, aún se requiere que más espacios de trabajo diseñen o fortalezcan sus protocolos para atender la violencia contra las mujeres, mandatados en la Ley tras estas reformas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 26.6 por ciento de las mujeres entrevistadas dijeron haber vivido alguna forma de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su vida y 22.5 por ciento reconoció haberla vivido en el año reciente.
La discriminación es la forma de violencia laboral identificada seguida de la sexual y la económica. El compañero del trabajo y el patrón son los agresores más comunes y, con 79 por ciento, las instalaciones del trabajo es el principal espacio físico donde ocurre.