La cadena de impunidad que rodea todos los feminicidios en México tiene su ancla en la omisión de los operadores. FOTO: SEM MÉXICO.

Oaxaca de Juárez, México, diciembre.- (SEMlac).-La cadena de impunidad que rodea todos los feminicidios en México tiene su ancla en la omisión de los operadores -del Ministerio Público a los tribunales- para analizar el contexto de violencia en que vivían las víctimas, además de las omisiones en los procesos, las actuaciones negligentes, inconsistencias en las investigaciones y un entramado de tráfico de influencias.


En los casos perpetrados por la pareja, cuando el contexto de violencia es denunciado, o el acoso por otras razones, también, las autoridades podrían hacer justicia y no la hacen, no sólo por negligencia, sino por complicidades patriarcales, sistemáticas.


Así quedó constatado cuando al aire libre, frente a la fuente de las ocho regiones en la capital de Oaxaca, mujeres de la entidad, madres, hermanas y primas de cuatro víctimas, entre los 575 feminicidios sucedidos durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y la lista de 1.400 desaparecidas, hablaron de cada uno de los procesos que están sin sentencia, con órdenes de aprehensión tardías y no ejecutadas.


Todos y cada uno de los testimonios fueron escuchados con vehemencia al arranque del Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, una acción social y ciudadana como una alternativa frente a la impunidad, donde serán conocidos siete casos.


Dafne Denisse Carreño Bengochea, de 21 años, asesinada por su pareja, hace ocho años. El responsable, Alejandro Enrique Rivera López, detenido, juzgado, encarcelado que, sin embargo, sigue sin sentencia firme, y quien mediante un amparo ha detenido el proceso que, por su demanda, ahora será reabierto. Ello en un acto ininteligible. Cuenta con la complicidad de las autoridades y su madre Zoila Elizabeth Bengochea sostiene que hay “corrupción y dinero”, aunado a la falta de una visión de género.


Quedma Ramírez Torres, asesinada el 22 de junio de 2013 por su pareja, perfectamente identificada, quien 14 años vivió violencia y decidió dejarlo y exigir pensión alimentaria. La asesinó frente a su hija de 12 años, el responsable sigue libre y contó con la complicidad, primero de un funcionario de la justicia civil y está libre, con una orden de aprensión. Las autoridades sabían de su violencia, y no le dieron protección a la víctima. Es su hermana Minerva Ramírez Torres quien exige justicia.


A pesar de que su cuerpo tenía evidencias de maltrato y quemaduras, el responsable argumentó suicidio. Las investigaciones superficiales y apresuradas, insisten en el suicidio desde 2018, y aunque se enderezó la investigación, la orden de aprehensión no se ha ejecutado. Ha sido su madre quien ha dado la batalla legal, denuncia que las autoridades perdieron las primeras declaraciones, el caso está abierto, pero el responsable libre.


María del Carmen Paula Burgos, mujer del campo, de 63 años, asesinada por un vecino, un cacique local con el que ella discutía por unas vacas y el control de las y los productores. Durante años la acosó. Hizo innumerables denuncias al síndico. Nada se hizo, hasta que fue asesinada el 5 de mayo de este año. El responsable anda libre, incluso en el pueblo.


Las cinco expertas, que serán las juezas de este tribunal interrogadas por SEMlac, coincidieron en que la omisión, de no considerar el contexto de violencia en que viven muchas de las mujeres que son asesinadas, el tráfico de influencias – caciques, amigos, parientes con algún poder- y la burocracia que hace que las órdenes de aprehensión no puedan realizarse – a veces tardan días- y cuando las pruebas son obvias, los dejan libres. Los conocen y están localizables, pero no hacen su trabajo, no atienden a los protocolos que obligan a asesoría psicológica a las madres, hermanas o tías, es así como se construye la cadena de impunidades.


Ellas, expertas en los derechos humanos de las mujeres y reconocidas a nivel nacional e internacional, son Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; Ana Yeli Pérez Garrido, fundadora y directora de ejecutiva de Justicia Pro Persona; María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional; y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.


De estos primeros cuatro casos tendrán sus conclusiones y sus sentencias sociales. Consideraron o por las preguntas a quienes testimoniaron o por los interrogantes de SEMlac, que a pesar del documental de las omisiones, la indiferencia en los tribunales, los hechos y miles de expedientes, no existe la justicia, ni la reparación de daños, ni se ven efectos a las medidas de protección o capacitación que durante años han anunciado gobiernos y autoridades.


Los casos a analizar son feminicidios ocurridos en la región de la Mixteca, en el Istmo de Tehuantepec y en el Centro del estado. Las expertas recogerán notas, previo estudio y documentación de los casos para elaborar una resolución.


Especial atención en estos casos es la realidad que enfrentan las familias de víctimas de feminicidio en busca de justicia en un contexto de desigualdad y agudización de la violencia machista.


Desde Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la integrante del equipo directivo Yésica Sánchez Maya, acompañada por la abogada María de Lourdes López Velasco, plantearon el objetivo del Tribunal y le llamaron acción ciudadana de justicia alternativa frente a los altos índices de impunidad que se viven en Oaxaca, frente al no acceso a la verdad histórica y ante una sistemática violación a derechos humanos de las víctimas de feminicidio por parte del Sistema de Procuración y Administración de Justicia.


Dijeron que durante el sexenio de Alejandro Murat se tienen registrados 575 feminicidios y más de 1.400 mujeres desaparecidas.