DDHQ defiende matrimonio igualitario en Querétaro

03 de Noviembre de 2021
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roxana-avalos-velazquez
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Querétaro, 3 Nov 2021.- La Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ) respaldó la publicación de la reforma al Código Civil estatal para que pueda permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues los derechos deben estar al alcance de todas las personas y no limitarse sobre un grupo de personas, confirmó su titular, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez.


La defensora consideró que la falta de publicación de esta reforma, la cual fue aprobada hace más de 1 mes por la Legislatura de Querétaro, limita el acceso a los derechos humanos a un sector de la población históricamente vulnerado y que busca acceder a un contrato civil que es responsabilidad del Estado.


‘Pueden no estar de acuerdo y están en todo su derecho de rechazarlo (a favor del matrimonio), pero deben entender que los derechos no pueden estar aplicados o reconocidos únicamente para un grupo determinado de personas, pues todos son universales’, acotó.


Ávalos Vázquez recordó que la propia DDHQ ya había presentado iniciativas ante el Congreso de Querétaro para poder dar avances a este tema, no obstante, estas fueron desechadas durante los cambios de la administración o simplemente se mantuvieron congeladas.


Sobre la entrega de 27 mil firmas al Poder Ejecutivo, de personas que se mostraron abiertamente en contra de la reforma, la ombudsperson reconoció que todos los grupos están en su libertad de manifestarse y gestionar esta discusión a conveniencia, siempre desde el marco del respeto y apertura al diálogo.


Cabe recordar que la Secretaría de Gobierno confirmó que esta reforma ya no puede ser vetada, no obstante, consideraron la posibilidad de regresarla a la Legislatura y sea esta institución la encargada de publicarla en el periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’.


Del mismo modo, grupos de activistas buscarían interponer un recurso jurídico contra el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por ‘incumplimiento de funciones’, lo que representaría la primera demanda ciudadana en contra de un gobierno estatal por una acción administrativa en contra de los derechos humanos.