Querétaro, 27 Oct 2021.- La Diócesis de Querétaro, como institución religiosa, no puede oponerse legalmente a la reforma del Código Civil del estado que permite las uniones entre parejas del mismo sexo, pues está sujeta a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, aseveró el activista y presidente del Centro de Orientación sobre VIH/SIDA, Luis Felipe Zamudio Burgos.
‘Hay que recordar que existe una ley que otorga un margen normativo a los cultos religiosos, y ahí se marca que no pueden contraponerse a los recursos humanos y lo básico de lo que es la separación entre la iglesia y el estado, para que no exista intervención de esta parte’, acotó.
De acuerdo con el artículo 8 de dicha Ley, las asociaciones religiosas legalmente constituidas en México deberán ‘propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas’, como puede ser el de no ser discriminadas por diversos motivos, entre los que se encuentra la preferencia sexual.
En la sección I del mismo artículo, se establece que todas las asociaciones religiosas que tengan lugar en México deben ‘sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar a las instituciones del país’, como ocurrió en 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los códigos civiles que no permitieran el matrimonio igualitario.
El activista señaló que la Diócesis de Querétaro, como organización social, puede ser acusada de un delito como lo es la discriminación en el estado, específicamente cuando esta se da por una preferencia u orientación sexual al impedir el pleno ejercicio de derechos para los integrantes de esta comunidad.
‘En caso de que la Diócesis no respete el avance de los derechos humanos en Querétaro, por supuesto que tendremos que pasar al tema legal, porque hay que recordar que la discriminación aquí es un delito penado’, apuntó.
Tanto los representantes de la iglesia católica en Querétaro, como diversas organizaciones sociales, extendieron una petición abierta al Poder Ejecutivo del estado para exigir el veto al matrimonio igualitario, en un proceso que va para 2 meses sin tener una conclusión.