Querétaro, 8 Agosto 2021.- El Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) publicó durante el año 2018 un estudio en donde retomó testimonios de diferentes mujeres que fueron criminalizadas por el delito de aborto en el estado de Querétaro y que actualmente continúan en prisión.
El dicho estudio retomaron testimonios de mujeres que fueron acompañadas por organizaciones civiles como lo fue Asistencia Legal por los Derechos Humanos y Las Libres, las cuales documentaron los casos a los que les dieron acompañamiento.
En el estado de Querétaro, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos documentó casos de mujeres que fueron registradas en el municipio de Cadereyta.
El GiRE mencionó que los testimonios de las víctimas presentaron patrones comunes como el hecho de que las mujeres vivían en contextos de marginación, así como también las continuas fallas y condenas que fueron sustentadas en prejuicios y estereotipos de género.
Entre ellos, destacaron el caso de Mónica quien en el año 2001 fue sentenciada a 25 años de prisión en Cadereyta por el delito de homicidio calificado después de que tuviera un parto fortuito y el recién nacido falleciera.
“Mónica era profesora en la ciudad de Cadereyta de Montes, Querétaro (...) En febrero de 2001, tuvo un parto fortuito en la letrina de la casa donde vivía (...) envolvió al recién nacido (...) vio que aún respiraba y salió en busca de auxilio”, informaron.
Sin embargo, el recién nacido falleció a pesar de que intentara reanimarlo. Poco después, Mónica fue trasladada a un hospital en el que le practicaron un legrado
Ante esto, el 7 de noviembre del 2001 el juez le dictó sentencia condenatoria por 42 años de prisión por el delito de homicidio calificado, a pesar de que Mónica sostuviera que tenía conocimiento de estar embarazada y que el parto había sido fortuito.
“Esta sentencia fue recurrida y en segunda instancia los magistrados dictaron su resolución en enero del 2002 disminuyendo la condena a 25 años de prisión” informaron.
Actualmente, Mónica continúa en prisión así como muchas otras mujeres que sufrieron un aborto espontáneo y que fueron víctimas de la violencia institucional que existe en el país.
“Los efectos adversos de la criminalización también se materializan en los casos de mujeres que sufren un aborto espontáneo o un parto fortuito y son tratadas como sospechosas por parte del personal de los servicios de salud, con el riesgo de recibir una atención inadecuada o inclusive ser denunciadas ante el ministerio público”, concluyeron.