El asesinato de un párroco en Francia, supuestamente a manos de un ruandés demandante de asilo al que acogía, ha provocado las críticas hacia la Justicia. FOTO: EFE/EPA/Joel Le Gall/PQR/Ouest France.

París, 9 ago (EFE).- El asesinato de un párroco en Francia, supuestamente a manos de un ruandés demandante de asilo al que acogía, ha provocado las críticas hacia la Justicia, pues el sospechoso del ataque no podía ser expulsado del país por estar bajo control judicial por presuntamente haber incendiado la catedral de Nantes en 2020.

“No podemos ejecutar una demanda de expulsión del sospechoso que estaba bajo control judicial antes de ser juzgado”, dijo ante la prensa el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien se desplazó la localidad Saint-Laurent-sur-Sèvre, donde fue asesinado este lunes el religioso Olivier Maire.

Emmanuel A., de 40 años y con problemas psiquiátricos, había estado en prisión provisional hasta el 31 de mayo, cuando le acogió el párroco Maire, de 61, en su comunidad religiosa Montfortains (en la región del noroeste de la Vendée).

Entre medias, el hombre había sido puesto bajo control judicial a la espera de ser juzgado -lo que le permitía una restringida libertad de movimientos- y llegó a pasar un mes en un hospital psiquiátrico (entre junio y julio).

El móvil terrorista de este ataque está de momento descartado por las autoridades y el hecho se investiga como “homicidio voluntario”. Se indaga la manera en la que murió el religioso, cuyo cuerpo fue encontrado en su cuarto de la comunidad religiosa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje al párroco, apreciado en la comunidad religiosa y antiguo misionero en Uganda, y se solidarizó con la comunidad católica en Francia.

“Transmitía en su rostro la generosidad y el amor por el prójimo (…) Proteger a los creyentes es una prioridad”, dijo Macron, en Twitter.

DENIEGAN SU DEMANDA DE ASILO

En el pasado, el ruandés había mostrado su angustia por el rechazo de su demanda de asilo. En 2016 y 2017, las autoridades había determinado su expulsión de Francia, suspendidas ambas por un tribunal administrativo. La tercera notificación de expulsión, de 2019, fue “no ejecutable” por el control judicial al que estaba sometido.

“Esta persona no estaba fichadA por radicalización. No es un momento para polemizar y sí para las condolencias”, pidió Darmanin.

Sin embargo, la ultraderecha y los conservadores se apresuraron en criticar “el laxismo” del Gobierno y la lentitud de la Justicia.

“Un clandestino que viola la ley debe de ser inmediatamente expulsado y no regresar jamás a Francia”, denunció el diputado del centro-derechista de Los Republicanos, Éric Ciotti .

La líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, tardó unos pocos minutos en reaccionar al asesinato del párroco.

“En Francia se puede ser un clandestino, incendiar la catedral de Nantes, nunca ser expulsado y reincidir en el asesinato de un párroco”, censuró Le Pen.

Emmanuel A. se entregó en la mañana de este lunes a la Gendarmería de Mortagne-sur-Sèvre (oeste de Francia), a una quincena de kilómetros de la comunidad religiosa en la que estaba acogido. Fue puesto bajo custodia policial, aunque fue retirada horas después para ingresarle en un centro psiquiátrico.

Antes de estar bajo control judicial, el ciudadano de Ruanda había estado arrestado casi un año de manera temporal por su supuesta vinculación en el incendio en la basílica de Nantes, en julio de 2020. Hasta esa fecha había ejercido como monaguillo.