Mujeres feministas, cruciales para el estado de derecho y la democracia

México, julio (SEMlac). A parar la represión de feministas y mujeres que protestan y se manifiestan en distintos países de América Latina llamó Naciones Unidas y advirtió que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica no debe impedirse por fuerzas de la seguridad y que reprimirlas atenta contra la democracia.

Afirmó que los Estados de la región deben garantizar que toda restricción a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, incluyendo en el contexto de la pandemia, se ajuste a los estándares y normas internacionales y regionales de derechos humanos, tomando en cuenta que las mujeres defensoras desempeñan un papel fundamental en el desarrollo democrático de la sociedad, en el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Así lo señala un comunicado conjunto firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU-DH).

Señala claramente que los Estados de la región deben proteger a las mujeres en el contexto de las protestas pacíficas y su participación en los movimientos feministas, acción esencial para la plena vigencia de la democracia y el Estado de derecho.

La CIDH, su RELE y ONU-DH han observado en varios países de la región el incremento de protestas sociales lideradas, o en las que han participado grupos de mujeres, jóvenes y niñas, incluyendo manifestaciones exigiendo igualdad de género y contra la discriminación y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, advierten que, en el ejercicio del derecho a la protesta y reunión pacífica, frecuentemente son reprimidas de manera violenta por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, así como por actores privados.

"Según la información recibida, en el marco de las protestas lideradas por mujeres o que involucran movimientos feministas en la región, se habría registrado en varias situaciones, hechos que van desde un uso excesivo de la fuerza, criminalización, estigmatización, intimidación y amenazas, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, hasta violencias de género y violencia sexual, así como ataques contra la vida e integridad de mujeres defensoras de derechos humanos", dijeron los organismos.

Agregaron que, en el actual contexto de emergencia sanitaria por covid-19, las restricciones a la libertad de circulación y de reunión pacífica plantean dificultades adicionales respecto de las formas tradicionales de organización y acción colectiva y, en ocasiones, trasladan las actividades de defensa y promoción a plataformas en línea u otras redes de apoyo.

En este contexto, la CIDH, RELE y ONU Derechos Humanos observan con preocupación un aumento en el uso de tecnologías de la información para desacreditar a las mujeres defensoras y su labor, así como para incitar a ejercer abusos contra sus derechos.

En tal sentido, exhortaron a los Estados de la región a garantizar que toda restricción a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, incluyendo en el contexto de la pandemia, se ajuste a los estándares y normas internacionales y regionales de derechos humanos.

"Las mujeres defensoras juegan un papel fundamental en el desarrollo democrático de la sociedad, en el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, así como en la vigencia y el avance de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Por ello, instan a los Estados, a cumplir con su deber de crear y proteger, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para el disfrute de estos derechos con un enfoque diferenciado para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes que les permita participar activamente y significativamente y en condiciones de igualdad en la promoción y la protección de los derechos humanos", manifestaron.

Ambos organismos tienen importantes preocupaciones por la seguridad de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad que se organizan y movilizan en contextos rurales, de las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y migrantes, de las mujeres que defienden los derechos de la población LGBTI+, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos o el medio ambiente.

Finalmente, la CIDH, su Relatoría Especial y ONU Derechos Humanos llamaron a los Estados a garantizar el derecho a la protesta de las mujeres defensoras, a adoptar medidas especializadas para erradicar los patrones estructurales de discriminación por razones de género y a velar para que, en las investigaciones de actos de violencia en contra de las mujeres defensoras, las autoridades judiciales refuercen la debida diligencia, así como la incorporación de un enfoque diferenciado de género a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los delitos en contra de las mujeres defensoras.