Mediante un comunicado, los activistas lamentaron que la diputada local independiente, Elsa Méndez Álvarez, reprodujera discursos discriminatorios contra las personas de la comunidad LGBT+ desde su posición como servidora pública, cometiendo un delito contra la vida y la dignidad humana.
‘Es deber del Estado proteger la dignidad humana de la discriminación sin importar la preferencia sexual o cualquier otra diferencia… es necesario poner un límite legal a la discriminación que lamentablemente ha surgido desde unaservidora pública’.
Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho la No Discriminación, precisó que este juicio está respaldado por un peritaje de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) en el que se comprobó la existencia de discursos discriminatorios por parte de la diputada.
‘Fue la primera vez que hicieron un peritaje así de amplio y profundo, no sólo por el tema de discriminación, sino por la metodología… no es un pleito entre 2 personas, son mensajes de odio de un funcionario público contra la sociedad queretana’, aclaró.
No obstante, reconoció que el activismo por los derechos humanos no está contento con estas acciones y su expectativa es que sea el último juicio por actos discriminatorios en Querétaro, especialmente cuando involucra a servidores públicos.
Los activistas destacaron la importancia de denunciar este delito ante las autoridades, pues ya existe un precedente para combatir la discriminación sin importar si es por orientación sexual, raza, género, situación socioeconómica, etc.
El artículo 170 del Código Penal del Estado de Querétaro establece penas de 1 a 3 años de prisión o 25 a 100 días de trabajo comunitario a quién cometa conductas discriminatorias por diversos motivos (como la orientación sexual). En caso de que el agresor sea un servidor público, la pena puede aumentar hasta los 4 años y medio.