Incomodar al poder ha sido una de las funciones o razones de ser del periodismo en las sociedades que cultivan la democracia o aspiran a ella. Por eso las dictaduras y los regímenes autoritarios han intervenido los medios y censurado hasta la literatura de ficción para afianzar su dominio del discurso social. En democracia el periodismo de investigación que devela ilegalidades, arbitrariedad o corrupción de gobiernos o empresas también resulta incómodo y, más que censurado, suele ser descalificado o ahogado por medios estridentes o simple marginación.
En México, bajo un régimen que algunos todavía consideran democrático y otros cada mes más autoritario, el periodismo de investigación sufre un embate creciente desde el discurso oficial.
La reciente descalificación a Artículo 19, mientras persisten ataques a medios y asesinatos de periodistas que esta organización ha documentado desde hace años, confirma la cerrazón del actual régimen ante las verdades incómodas que constituyen la realidad (o por lo menos la vida cotidiana de millones de personas).
Buscar la verdad (por relativa que se considere ésta), documentar los hechos, no es tarea fácil. No lo es hoy ni lo ha sido en años y décadas anteriores. Así lo demuestra el reciente informe de Artículo19, “Distorsión. El discurso contra la realidad”, que refiere el ascenso de amenazas y ataques contra los medios, con una agresión cada 13 horas, el asesinato de 17 periodistas en los últimos dos años; las crecientes negativas de acceso público a la información, con más solicitudes negadas (y más “reservas” en nombre de la “seguridad nacional”); y los ataques a organismos autónomos como el INAI o su debilitamiento desde dentro como sucede con la CEAV, la CNDH o Conapred.
La estigmatización de la prensa y la neutralización de las críticas al poder, como indica Artículo19, contribuye a la polarización y favorece la violencia (impune) contra la libertad de expresión. El simultáneo “desmantelamiento de la protección de derechos” mediante el socavamiento de instituciones construidas por décadas de trabajo ciudadano, agrava la indefensión de las miles de víctimas del crimen organizado, del sistema de justicia, de las fuerzas armadas y de gobernantes autoritarios; deja a la intemperie a periodistas bajo amenaza o en desplazamiento forzado, yabandona a su (mala) suerte a quienes osen denunciar las arbitrariedades de los poderosos . ¿A quién beneficia esta situación?
Quienes argumentan que en los regímenes anteriores la vena democrática era mera simulación o que las instituciones creadas desde la sociedad han sido disfuncionales y por eso merecen desaparecer, olvidan que ninguno de los pasos hacia la construcción democrática o hacia la igualdad, la inclusión, la protección de Derechos Humanos ha sido generosa concesión de ningún gobierno.
Con Fox, Calderón y Peña Nieto se aprobaron leyes y se crearon instituciones que no han logrado su cometido porque desde entonces se recurrió a la ficción de que la ley por sí sola resolvería todo, sin cambiar el sistema de justicia ni fortalecer un funcionariado profesional de carrera, y se reprodujeron prácticas autoritarias y arreglos opacos en nuevas instituciones, como Inmujeres o Conavim.
La simulación, como bien explicó Sergio González Rodríguez, en “Campo de guerra” (2014), ha formado parte de la construcción y funcionamiento de “un Estado que simula legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que construye un an-Estado“, una fachada de Estado que oculta la falta de Estado constitucional de derecho.
La simulación sistémica, la impunidad y las consiguientes violaciones de Derechos Humanos han sido señaladas por medios, víctimas de la violencia y del sistema de justicia y por quienes aspiran a vivir en democracia.
La solución democrática no es mantener la impunidad y la ilegalidad, negarlas, y descalificar a quienes las señalan. Lo que urge es reconocer la disfuncionalidad del sistema actual, ciudadanizar y fortalecer las instituciones, defender la libertad de expresión y fomentar el diálogo. Bajo gobiernos autoritarios, esta tarea incumbe a la sociedad, a cada una de nosotras.
En México, bajo un régimen que algunos todavía consideran democrático y otros cada mes más autoritario, el periodismo de investigación sufre un embate creciente desde el discurso oficial.
La reciente descalificación a Artículo 19, mientras persisten ataques a medios y asesinatos de periodistas que esta organización ha documentado desde hace años, confirma la cerrazón del actual régimen ante las verdades incómodas que constituyen la realidad (o por lo menos la vida cotidiana de millones de personas).
Buscar la verdad (por relativa que se considere ésta), documentar los hechos, no es tarea fácil. No lo es hoy ni lo ha sido en años y décadas anteriores. Así lo demuestra el reciente informe de Artículo19, “Distorsión. El discurso contra la realidad”, que refiere el ascenso de amenazas y ataques contra los medios, con una agresión cada 13 horas, el asesinato de 17 periodistas en los últimos dos años; las crecientes negativas de acceso público a la información, con más solicitudes negadas (y más “reservas” en nombre de la “seguridad nacional”); y los ataques a organismos autónomos como el INAI o su debilitamiento desde dentro como sucede con la CEAV, la CNDH o Conapred.
La estigmatización de la prensa y la neutralización de las críticas al poder, como indica Artículo19, contribuye a la polarización y favorece la violencia (impune) contra la libertad de expresión. El simultáneo “desmantelamiento de la protección de derechos” mediante el socavamiento de instituciones construidas por décadas de trabajo ciudadano, agrava la indefensión de las miles de víctimas del crimen organizado, del sistema de justicia, de las fuerzas armadas y de gobernantes autoritarios; deja a la intemperie a periodistas bajo amenaza o en desplazamiento forzado, yabandona a su (mala) suerte a quienes osen denunciar las arbitrariedades de los poderosos . ¿A quién beneficia esta situación?
Quienes argumentan que en los regímenes anteriores la vena democrática era mera simulación o que las instituciones creadas desde la sociedad han sido disfuncionales y por eso merecen desaparecer, olvidan que ninguno de los pasos hacia la construcción democrática o hacia la igualdad, la inclusión, la protección de Derechos Humanos ha sido generosa concesión de ningún gobierno.
Con Fox, Calderón y Peña Nieto se aprobaron leyes y se crearon instituciones que no han logrado su cometido porque desde entonces se recurrió a la ficción de que la ley por sí sola resolvería todo, sin cambiar el sistema de justicia ni fortalecer un funcionariado profesional de carrera, y se reprodujeron prácticas autoritarias y arreglos opacos en nuevas instituciones, como Inmujeres o Conavim.
La simulación, como bien explicó Sergio González Rodríguez, en “Campo de guerra” (2014), ha formado parte de la construcción y funcionamiento de “un Estado que simula legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que construye un an-Estado“, una fachada de Estado que oculta la falta de Estado constitucional de derecho.
La simulación sistémica, la impunidad y las consiguientes violaciones de Derechos Humanos han sido señaladas por medios, víctimas de la violencia y del sistema de justicia y por quienes aspiran a vivir en democracia.
La solución democrática no es mantener la impunidad y la ilegalidad, negarlas, y descalificar a quienes las señalan. Lo que urge es reconocer la disfuncionalidad del sistema actual, ciudadanizar y fortalecer las instituciones, defender la libertad de expresión y fomentar el diálogo. Bajo gobiernos autoritarios, esta tarea incumbe a la sociedad, a cada una de nosotras.