Pese a ser un año complejo por el aislamiento y la distancia social, en los últimos meses del 2020 la movilización feminista se consolidó en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Pese a ser un año complejo por el aislamiento y la distancia social, en los últimos meses del 2020 la movilización feminista se consolidó en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos poniendo en la agenda pública y mediática el imperativo de legislar a favor de la despenalización del aborto, un derecho que se reclama a los gobiernos locales lo mismo que al federal poniéndolo en el medio de las confrontaciones político-partidistas.

Es necesario reflexionar sobre lo que está en juego y lo que se mueve a la par con este tema prioritario, urgente y justo de la agenda feminista: por un lado el movimiento feminista y las acompañantes del derecho al aborto, una demanda que es permanente y de las más antiguas y sentidas, que convoca y que mueve a la movilización por la urgencia de saber que a diario en todo el país miles de mujeres ponen en riesgo sus vidas en abortos inseguros.

Por otro lado, es innegable que políticos y partidos han visto en el movimiento feminista un botín que creen puesto sobre la mesa para servir a sus intereses, lo mismo crearon grupos anti derechos que organizaciones de mujeres que simpatizaban con ellos que cuando vieron la “moda del feminismo” salieron a llamarse “feministas” aunque estuvieran ligados con posiciones encontradas con las agendas del aborto, la violencia sexual y familiar, y por supuesto que jamás asumieron un papel firme en la demanda de cese a feminicidio.

En el medio, poniendo el cuerpo están las acompañantes del derecho a abortar, perseguidas por esos grupos anti derechos, amenazadas, hostigadas; incluso perseguidas en sus cuentas de redes sociales, recibiendo mensajes violentos, además de que las organizaciones que acompañan ese derecho tienen que hacerlo de la forma más discreta posible para evitar agresiones que pongan en riesgo la integridad de los equipos.

En noviembre pasado en Chetumal, una defensora del derecho al aborto fue objeto de agresiones promovidas por grupos ligados a poderes fácticos, esto ola de agresiones persiste en varios puntos de la Península maya donde la paz y la calma aparente hace pensar que no hay amenazas ni riesgos, pero hay una invisible campaña contra las acompañantes del derecho a abortar.

Aunado a eso y otras condiciones de riesgo para el movimiento feminista en torno al derecho al aborto nos ponen a pensar sobre la oportunidad del debate en los Congresos locales, sobre la urgente necesidad de despenalizarlo pero los férreos intereses de quien han hecho del aborto un negocio en el que solo las que pueden pagar una clínica privada tienen acceso.

Es necesario abrir diálogos con los congresos, puede ser una vía que hemos explorado históricamente en busca de la despenalización en varias entidades, pero su aprobación responde no necesariamente a la dimensión del trabajo hecho sino al momento político que puede alentar o permitir que se logre en la medida en la que la persona gobernante decide asumir que es efectivamente un derecho.

Un avance para consolidar el trabajo de incidencia y negociación política con los congresos locales será la despenalización en el ámbito federal, pero habrá que sumar y persistir en la agenda de manera muy puntual y sumar la movilización feminista en las calles, se requiere de todas las formas posibles y de todos los apoyos en todos los ámbitos, porque todos son necesarios.

Acompañar el aborto ha significado insultos, amenazas, agresiones, temores fundados a ser señalada y a vivir el ostracismo social en comunidades pequeñas para las mujeres acompañantes que lo hemos hecho desde siempre con o sin recursos, con o sin organizaciones, en mejores condiciones cuando se cuenta con una red de apoyo pero la violencia siempre ha estado ahí para desacreditar e incluso para poner en riesgo la integridad de las acompañantes.

No hay cabida para un escenario de confrontación entre grupos feministas por esta o cualquier otra agenda, es impensable; cualquier descalificación con feministómetro, o no, es solo abonar al riesgo y a la violencia contra las feministas que acompañan, defienden, hacen incidencia legislativa.

Cualquier situación de esa naturaleza solo pone en mayor riesgo a la movilización, la agenda y por supuesto abona a aumentar la violencia que ya de por sí viven a diario las acompañantes y las mujeres que necesitan ese apoyo.