Avalan diputados modificaciones a Reformas sobre COVID-19 al Código Penal

Querétaro, 17 Feb 2021.- Durante la sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, se aprobaron por tercera vez las reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, que buscarán sancionar conductas antisociales relacionadas con el COVID-19; y que cabe recordar, ha sido objeto de actos de inconstitucionalidad por parte de instancias de derechos humanos.

El presidente de la comisión, Agustín Dorantes Lámbarri, afirmó que con la reforma al artículo 289, en el que se establecía prisión preventiva para quien obstaculice o impida la ejecución de obras públicas, se determinó que solamente aplicaría esta sanción en caso del ejercicio de violencia; y se privilegiarían penas alternativas.

Asimismo, explicó que las penas de prisión se incrementarán solo en el marco de una emergencia sanitaria, en delitos como las agresiones a personal médico y de salud; y que se garantizará la libertad de expresión y manifestación.

Con ello, aseguró el legislador, las reformas se apegan al pleno respeto de los derechos humanos; y se otorgan herramientas y fundamento jurídico a las instancias que vigilan el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

“Queretaro se colocará como uno de los estados con una legislación más protectora en este aspecto, pues solo se sancionará a quienes a través de medios violentos, realicen la conducta”, aseveró.

Dicha aprobación contó con la presencia de la defensora de los derechos humanos de Querétaro, Roxana de Jesús Ávalos Vazquez, quien refirió que a pesar de este aval al nuevo dictamen de las reformas al código penal, los actos de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos considerados violatorios de derechos humanos deberá continuar con su proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Puntualizó que se trabajó de la mano con los legisladores, para evitar que esta ley merme las garantías individuales constitucionales; y se dijo vigilante de la publicación de este dictamen en el periódico oficial La Sombra de Arteaga; y de la respuesta que dé el gobierno del estado a la SCJN.

“Eso es una acción que sigue una vía independiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí dependerá de lo que conteste el gobierno del estado. La idea de subsanar esas violaciones es que se indique a la corte que ya no existen esos aspectos, pero eso lo tiene que determinar la Suprema Corte”, relató.