En total, las agrupaciones políticas deben entregar 45 postulaciones a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad: 30 para indígenas, cuatro para afromexicanas, ocho para personas con discapacidad y tres para personas de la diversidad sexual.
Es un avance para la inclusión de los grupos históricamente olvidados, “pero todavía es muy poco”, afirmó en entrevista la indígena y promotora de la participación política de esta población, Mijane Jiménez Salinas, quien es originaria del estado de Guerrero, la entidad que concentra más población afromexicana en el país.
Desde 2020 ella pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) implementar una cuota en favor de 1.4 millones de personas afromexicanas, pero se encontró con que para hacerlo debía de informar a la autoridad en qué territorio estaban y cuánta población había en cada uno, a fin de establecer una cuota representativa estatal.
El intento de la también integrante de la colectiva “Mujeres Afromexicanas en Movimiento de Guerrero y Oaxaca” se quedó como un antecedente, por eso ahora que se implementó una medida a nivel nacional celebró esta acción de “justicia política electoral” y que se exija a los partidos políticos garantizar la representación del pueblo indígena y afromexicano, pero en particular de las mujeres.
La ruta de estas medidas comenzó con la cuota indígena implementada en el proceso electoral de 2018. Siguiendo ese precedente, en noviembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó retomar la medida para fortalecer la inclusión indígena en la próxima conformación de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, inconformes con esta decisión, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, y Encuentro Social, impugnaron el acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que dio origen a una sentencia con un criterio más amplio que incluyó a otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Originalmente el INE estableció que los partidos debían registrar 21 candidaturas indígenas, de las cuales 11 serían de mujeres, pero el TEPJF le pidió determinar cuáles serían los 21 distritos e ir más allá e implementar medidas afirmativas para garantizar la participación política de personas con discapacidad y de otros grupos de la sociedad.
En respuesta a la sentencia del Tribunal Electoral, el 15 de enero el INE acordó garantizar la participación de personas de los pueblos originarios y la paridad de género, pero para fortalecer la democracia también incluyó a personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual. El acuerdo quedó de la siguiente forma:
— 21 candidaturas indígenas para competir por el principio de mayoría relativa, de las cuales 11 deben ser mujeres. Estas personas deberán competir por distritos indígenas que se ubican en los estados de Chiapas, Yucatán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Puebla.
—Tres candidaturas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales y una para competir por el principio de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones. Estas últimas deben ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista. Las cuatro postulaciones deben realizarse de manera paritaria.
— Seis candidaturas de personas con discapacidad en los 300 distritos electorales. Asimismo, dos candidaturas en las listas por el principio de representación proporcional. Las fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista respectiva.
—Dos candidaturas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales y una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de la lista de representación proporcional, en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales.
El acuerdo del INE determinó que para acreditar que estas postulaciones sean parte de una cuota, las y los aspirantes deberán presentar una carta, bajo protesta de decir verdad, en la que se precisen su adscripción como indígenas o afromexicanas; y en el caso de personas discapacidad una certificación médica expedida por una Institución de salud, pública o privada, en la que se especifique el tipo de discapacidad que tiene (física, sensorial, mental o intelectual).
Para acreditar la calidad de integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente con la autoadscripción de la persona candidata. En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. En el caso de que se postulen personas no binarias, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros .
Al respecto, Mijane Jiménez Salinas, explicó que en el caso de las candidaturas afromexicanas, cuatro es poco, pero mientras el Estado no presente estadísticas sobre esta población ni les informe sobre sus derechos políticos seguirá existiendo un sesgo de representatividad.
Pendientes de la inclusión
El éxito parcial de la cuota indígena se vio en el proceso electoral de 2018, cuando las autoridades electorales pidieron a las agrupaciones políticas postular un mínimo de 13 candidaturas de personas de comunidades indígenas. El resultado fueron 13 personas indígenas electas como legisladoras, de las cuales 3 son mujeres.
La experiencia de esa elección también mostró que hay aspirantes que se asumen como parte de un grupo vulnerable para acceder a una candidatura por medio de la cuota. Por ejemplo, en Chiapas, integrantes de comunidades originarias denunciaron que Humberto Pedrero Moreno y Roberto Antonio Rubio Montejo presentaron documentación falsa para obtener candidaturas a diputaciones federales por esta vía.
De acuerdo con Mijane Jiménez, otro ejemplo para evadir el cumplimiento de la cuota sucede en Colombia, donde hay políticos que se asumen afro porque tuvieron ancestros indígenas, pero en realidad pertenecen a las élites del poder. Es por eso que para ella los requisitos del INE no son suficientes.
La también presidenta de la asociación “Mano Amiga de la Costa Chica A.C”, quien ahora busca competir por una diputación federal, acompañada por el Partido del Trabajo, sostiene que quienes se postulen por medio de estas medidas afirmativas, también deben tener conciencia de identidad.
La autoadscripción es un Derecho Humano, pero llamó a los partidos políticos a no pensar únicamente en cumplir el nuevo lineamiento, sino analizar los perfiles de las candidaturas y asegurar que quienes sean arropados por sus siglas tengan una agenda que incluya al pueblo o grupo al que pertenecen. Hay personas competitivas que quieren trabajar por la colectividad y no solo por la individualidad, dijo.
En este proceso electoral quedó pendiente establecer una cuota para personas migrantes y jóvenes. Agrupaciones como Fuerza Migrante, Frente Nacional de Inmigrantes e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo pidieron una medida afirmativa para la inclusión de mexicanas residentes en el extranjero. Mientras que Fuerza Ciudadana, la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, Espacio Progresista y el Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación Ciudadana, solicitaron se incluyera una medida a favor de las juventudes.
De acuerdo con el INE, las personas jóvenes estarán representadas, tanto por el principio de paridad transversal como en las acciones afirmativas para indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, aunque conminó a los partidos políticos a postular a población joven. En el caso de la población migrante el organismo señaló que a pesar de la necesidad de una cuota no existen las condiciones debido a que el proceso electoral ya está avanzado. Las precampañas iniciaron el 23 de diciembre de 2020 y el registro de candidaturas comenzará en marzo.
La defensora lamentó que en estos casos no hubiera avance. Con la juventud, dijo, persiste una deuda. Cuando Mijane Jiménez tenía 26 años quiso competir por una diputación, pero piensa que sus ideas y propuestas no se tomaron en cuanta por ser joven y porque en la política existe una mirada adulta que ve a la juventud como ” muchachas y muchachos” sin capacidad de ejercer un cargo público. Ese es un pendiente, dijo.