La FGR de México rechazó ejercer ninguna acción penal contra el exsecretario mexicano de Defensa, general Salvador Cienfuegos. FOTO: EFE/Francisca Meza.

México, 15 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México rechazó este jueves ejercer ninguna acción penal contra el exsecretario mexicano de Defensa, general Salvador Cienfuegos, que fue acusado de lavado de activos y narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

El general Cienfuegos, quien fue secretario mexicano de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha quedado, de esta forma, exonerado, a pesar de las graves acusaciones que había presentado la DEA ante un juez estadounidense.

La FGR dijo que tras el análisis de las pruebas de las autoridades estadounidenses y las proporcionadas por Cienfuegos “se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”.

La Fiscalía agregó que tampoco encontró pruebas de que “sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

Además, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

“NO HAY DATOS DE OBTENCIÓN DE INGRESOS ILEGALES”
La FGR precisó que del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales “no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”.

“Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el “no ejercicio de la acción penal, en contra de Cienfuegos”.

EL PAPEL DE LA DEA
En la nota, la FGR apuntó que desde 2013, en la anterior administración en México, “la DEA inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba a Cienfuegos”.

Señaló que dicha investigación la continuó la DEA durante la presente administración “sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso”.

Apuntó que el 15 de octubre de 2020, agentes de ese organismo estadounidense detuvieron a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero.

“Después de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la juez que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona y la juez federal estimó procedente tal petición”, se explicó en la nota.

La institución señaló que durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la FGR solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.

“DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”
Ante ello, el 18 de noviembre de 2020 Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, “que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades estadounidenses y la investigación en México se encontraba en su fase inicial”.

La Fiscalía explicó que el 9 de enero de 2021 Cienfuegos “conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal”.

A partir de esa fecha, Cienfuegos aportó sus elementos de prueba y la FGR llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.

Tras su captura, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la detención en EE.UU. porque dijo que ejemplificaba la injerencia externa de la DEA en México.