El Coneva informó que entre mayo y junio de 2020 el porcentaje de la población que vive en pobreza laboral se redujo al pasar de 54.9 por ciento a 48.1. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que entre mayo y junio de 2020 el porcentaje de la población que vive en pobreza laboral se redujo al pasar de 54.9 por ciento a 48.1 (unos 23 millones de personas). Estos informes siguen sin aportar información desagregada por género.

El Coneval agregó que la cifra de gente ocupada en ese periodo aumentó 4.7 millones, al pasar de 43.6 millones a 48.3 millones. Si hay una ligera recuperación del empleo, es derivada de la apertura en las actividades económicas generada precisamente en esos meses.

Sin embargo, este inicio de recuperación va acompañado de un crecimiento de la pandemia. Para el mes de agosto hay más de 4 mil contagios diarios y el número de fallecimientos rebasa los 50 mil. De seguir esta tendencia se tendrá que regresar a reducir la actividad económica, los ingresos y desde luego el empleo.

Para las mujeres, la carga económica y de salud (cuidados y riesgos) va in crecendo porque no hay políticas públicas que las apoyen directamente. En el centro de las dos pandemias -económica y de salud- está la desigualdad del país, y muy en especial la de las mujeres.

La pobreza laboral se refiere a las personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Según Coneval, con base en la encuesta telefónica de ocupación y empleo de junio, aumentó 10.4 por ciento el ingreso real per cápita, al pasar de mil 422 pesos en mayo a mil 570 pesos en junio. Esto representa, en promedio, 53.81 pesos más.

Crece empleo informal
El Coneval observó una recuperación en el mercado laboral durante junio. También detalló que el crecimiento de 4.7 millones de gente ocupada se dio principalmente en trabajos informales, donde el incremento fue de 13.4 por ciento, pues pasó de 22.6 a 25.6 millones de personas; en tanto, el incremento en el empleo formal fue de 8.2 por ciento, al pasar de 21 millones a 22.7 millones de personas.

En el reporte de ETOE-Inegi del mes de abril se aprecia que la mayor afectación del empleo es en el rubro del empleo formal. Esto vuelve más delicada la crisis: se trata de mujeres sin protección de salud y sin ningún ingreso o ahorros, que dependen de su trabajo diario.

Esta recuperación es muy frágil porque en gran medida es producto de la apertura para que las personas puedan volver a instalarse con sus micronegocios en las calles, como la única formula para obtener un ingreso, ya que no tuvieron ningún apoyo durante el confinamiento. Es un hecho que la política económica y social está atrapada en las condiciones de la pandemia.

Las mujeres tienen desigualdades en los dos terrenos: en carencia de derechos económicos y sociales, donde se consideran sus derechos a la salud; por ello en todos los diagnósticos se les califica como “las más afectadas por las pandemias”. Pero esa desigualdad no se inició con la llegada del virus, simplemente se acentúo al grado de ser imposible continuar con esa “normalidad de desigualdades”, donde ya es imposible sobrevivir. Así de simple.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un grupo particularmente vulnerable a la pérdida del empleo y de los ingresos en el contexto de la respuesta a la pandemia es el de los trabajadores informales, en su mayoría mujeres, que representan el 54 por ciento del empleo total en la región y que generalmente no disponen de ahorros suficientes para enfrentar la crisis y a menudo carecen de cualquier tipo de acceso a la protección social (OIT, 2018), lo que agudiza su indefensión en caso de contagio.

La Cepal considera que la reducción de las desigualdades es un eje orientador de las políticas en todas las fases. Es ahí donde se tiene que trabajar para contruir política transversales sobre género e igualdad. Urge en este pais reducir las desigualdades de género y son estrechamente vinculadas a la contrucción de una nueva normalidad, y sobre todo a la salida de esta crisis.

Se ha documentado asimismo una reducción del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, claves para la salud y los derechos de las mujeres, lo que podría derivar en embarazos no deseados y desatención y aumento de infecciones de transmisión sexual (UNFPA, 2020).

Lo mismo está ocurriendo en otros programas, como los de salud mental, salud materno-infantil e inmunizaciones, sin mencionar la atención en enfermedads crónico-degenerativas: diabestes e hiprtención

También la crisis sanitaria exacerbará la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas. Es importante que en la aplicación de restricciones a la libertad de circulación o de acceso a los territorios nacionales se respeten las normas internacionales de Derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de las y los refugiados, en particular los principios de no discriminación y no devolución, y las prohibiciones de detención arbitraria y expulsión colectiva.

En el documento “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”.

CEPAL, 30 de julio de 2020, se señala con especial enfásis que “El fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua non para la reconstrucción y, junto con ello, el diálogo y la participación social son vitales para una convergencia integral entre los sectores de la salud y la economía”.

La disfuncionalidad neoliberal que obliga a la reducción del Estado es más que obvia ante esta crisis.

Para reconstruir sociedades más inclusivas y resilientes después de la pandemia se requiere una concepción de la salud como un Derecho Humano y un bien público que debe ser garantizado por el Estado, con el debido esfuerzo fiscal para su financiamiento. Otro de los princpios neolberales, destruir los sistemas de salud, aquí están lo resultados.

Se debe ampliar el acceso universal a la salud y fortalecer los sistemas de salud con un enfoque basado en la atención primaria de salud, priorizando a las poblaciones particularmente vulnerables. Es fundamental concebir al sector de la salud no solo como un sector de gobierno, sino como un sector económico dinámico que tiene un efecto expansivo sobre el resto de la economía.

Evidentemente esta recomendación se desprende de la enorme vulnerabilidad que ha motrado el Sector Salud de México y en toda Latinoamérica. El gasto en atención para el primer nivel -que es fundamental-, aquí se destinan 28.3 por ciento, Estados Unidos 15.2; en contraste, Cuba aporta 42.6 (datos de OPS).

Los resultado de esta política en materia de salud se ven en forma muy nítida en la evolución de la pandemia en cada uno de estos países. Enfrentan graves problemas para el control de la pandemia y de su economía México y Estados Unidos.

La política económica debe contribuir a la reconstrucción a través de una política fiscal progresiva y un gasto público suficiente, eficiente, efectivo y equitativo, abordando las debilidades estructurales de los sistemas fiscales, como la baja carga tributaria, su estructura regresiva y la evasión fiscal.

México es un ejemplo de esta disfuncionalidad fiscal, debe corregirse, cobrarle impuestos a los deudores es elemental, indispensable pero insuficiente.

No se puede perder la oportunidad de invertir en una recuperación verde, basada en la equidad social y la sostenibilidad económica y ambiental, con inversiones sostenibles que permitan avanzar hacia la transición agroecológica y energética.

La suspensión de actividades no esenciales, cuarentenas y otras medidas de distanciamiento social enfocadas en lograr el distanciamiento físico son necesarias para controlar la propagación del virus, pero tienen consecuencias inmediatas en cuanto a pérdida de empleos y de ingresos, así como un impacto desproporcionado en el caso de los trabajadores informales, entre los cuales están sobrerrepresentados las mujeres.

En sintesis, las principales recomendaciones de Cepal son:

La vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerrequisitos para reactivar la economía. Es necesario que las políticas de control y mitigación en el ámbito de la salud estén alineadas con la política económica, de forma que persigan los mismos objetivos de preservación de la vida y el bienestar de la población.

La reducción de las desigualdades es un eje orientador de las políticas en todas las fases.

La priorización de la salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud con un enfoque de atención primaria deben ser considerados los cimientos necesarios para dar respuesta a las fases de control, reactivación y reconstrucción.

El fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua non para la reconstrucción.

Se requiere diálogo y participación social para una convergencia integral entre salud y economía.

No hay apertura económica posible sin que previamente se haya controlado la curva de contagio.

Se justifica la implementación de un ingreso básico de emergencia equivalente al monto de una línea de pobreza, con una duración de seis meses, para toda la población que en 2020 se encontrará en situación de pobreza (estimada en 231 millones de personas), lo que supondría un costo adicional del 2,0% del PIB. Este ingreso permitiría sostener el consumo y satisfacer necesidades básicas, favoreciendo la adhesión a medidas de distanciamiento social y cuarentena.

Más allá del ingreso básico de emergencia, para enfrentar los profundos impactos de la pandemia en las condiciones de pobreza y desigualdad los gobiernos deben garantizar transferencias monetarias permanentes, dirigidas no solo a las personas en situación de pobreza, sino también a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los de ingresos bajos no pobres y los medios bajos.

Esto permitiría avanzar gradualmente hacia un ingreso básico universal, con montos congruentes con el objetivo de erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, según la situación de cada país.