La jueza federal Dolly Gee ordenó el viernes pasado que 124 menores de edad, actualmente confinados con sus familias en tres centros (dos en Texas y uno en Pennsylvania) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberán ser liberados para prevenir el contagio del corornavirus .
La jueza Gee, que critica enérgicamente al Gobierno Trump por su actuación en este caso, ha bloqueado los planes de la Administración federal de desmantelar el llamado Acuerdo Flores, que establece protecciones para los menores indocumentados, entre ellas no mantenerlos detenidos durante más de 20 días.
Bridget Cambria, abogada de la organización Aldea People's Justice Center, dijo a Efe este lunes que ICE "tiene tres opciones".
"Pueden liberar al grupo familiar, o pueden liberar sólo a los menores, o pueden retornar a la política de separación de las familias", agregó. "Esto último ya ha sido declarado ilegal en 2018".
"ICE no ha indicado hasta ahora qué hará y esperamos que harán lo que es correcto", agregó.
"No obligue a las familias a elegir entre separación forzada y exposición forzada a COVID-19. Libere a las familias a alternativas probadas que sean efectivas, humanas y que mantengan a las familias unidas", dijo por su parte Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice.
Esta organización también se sumó a los llamdos para que la Administración federal haga "lo correcto" y lo haga "ahora", como señaló en un comunicado difundido este lunes.
"De hecho, nunca ha habido una razón para la detención familiar en primer lugar. Ahora que el virus está arrasando estas instalaciones, los imperativos urgentes son salvar vidas y mantener unidas a las familias", resaltó Sharry.
El grupo Raíces, que defiende a familias inmigrantes, señaló el sábado pasado que no es una "buena noticia" que la jueza no haya podido ordenar a ICE la liberación de los menores junto a sus padres.
Sin embargo, dejó en claro que ICE tiene la "discreción" de poner el libertad a padres e hijos al mismo tiempo, aunque Raíces recordó que el "historial y falta de voluntad" de la agencia federal en el pasado apuntan en sentido contrario.
El fallo de Gee fue consecuencia de una batalla legal emprendida por organizaciones proinmigrantes con el fin de que el Gobierno deje en libertad durante la pandemia a todas las personas detenidas en centros de inmigrantes.
La agencia de inmigración, que tiene bajo su custodia a más de 23.400 personas, ha indicado que sometió a pruebas de detección del coronavirus a 10.153 detenidos y hasta el domingo tenía 793 casos positivos entre los detenidos.
En el total de los centros de detención de ICE se han reportado hasta la fecha 2.572 casos confirmados de COVID-19, de los cuales dos resultaron fatales.