Lamentable, recurrencia a política de militarización
El gobierno mexicano prolongó la presencia de militares en los espacios públicos para garantizar que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad. CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México. Mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano prolongó la presencia de militares en los espacios públicos para garantizar que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el 2024.

Las invitadas del programa “Análisis Feminista”, la mesa de debate que se transmite todos los miércoles en el 106.1 de FM por Violeta Radio, conducido por la periodista y directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, lamentaron que el gobierno recurriera a la política de militarización, y dudaron de la voluntad del gobierno de garantizar que las fuerzas armadas se apeguen a los Derechos Humanos.

La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Ruth Fierro Pineda, puntualizó que con este decreto, se va consolidando una política de militarización en contra de todas las recomendaciones internacionales “e incluso en contra de lo que ha dicho la Suprema Corte de la Nación en distintas ocasiones.”

Recordó que su organización, junto con otras, logró un fallo favorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de la familia Alvarado contra el Estado Mexicano.

Este caso trató de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por el Ejército mexicano, el 29 de diciembre de 2009 en el Ejido Benito Juárez en Chihuahua.

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de los primos, nadie ha sido condenado por los hechos y la familia sufrió una serie de consecuencias por la búsqueda de justicia y de verdad, han sido amenazados, hostigados, tienen medidas, algunos incluso se han ido a EU para garantizar su vida, narró Fierro Pineda.

Sin embargo, este caso, el primero en desapariciones actuales en México, y que no data de la llamada “guerra sucia”, llevó la CoIDH a pronunciarse sobre la convencionalidad de la participación de militares en la seguridad publica:

“Ahí, establece estándares, la participación debe ser extraordinaria, justificada, las fuerzas armadas deben ser siempre subordinadas a cuerpos civiles, debe haber una labor coordinada, regulada y fiscalizada. Y lo que vemos ahora con el decreto, sí hace referencia a estos puntos, pero en la práctica, esto no se refleja”, recalcó.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), Melissa Zamora Vieyra, agregó que se tienen experiencias documentadas con la presencia de militares en las calles desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y “no ha habido señales de que realmente han reducido los niveles de violencia. ¡Al contrario, se han aumentado! Y es un principio muy general, el Ejército y la Marina no están hechas para tener tareas de seguridad pública como la prevención del delito, la investigación penal, o detenciones para procesos judiciales.”

Eso se demostraría en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): De las detenciones que la Marina realizó en 2016, un 40 por ciento de las mujeres reportó haber sufrido violación sexual, en contraste con un cinco por ciento de los hombres.

“Es decir, la tortura sexual es una práctica que esas corporaciones realizan.”

Contó que el Centro ProDH en 2017 se dio la tarea de documentar en profundidad 29 casos, y hacer una lectura y análisis de expedientes penales, para ver qué estaba pasando en estos, casos , y cómo eran las detenciones.

“Pudimos identificar patrones en cuanto a violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, está totalmente corroborado, la tortura sexual siempre se comete en el tiempo que pasa de la detención a la puesta a disposición ante el Ministerio Público.”

Zamora profundizó otro dato sospechoso en el marco de las detenciones por parte de la Fuerza Armada: Por un lado, en 27 de los 29 casos investigados, las mujeres fueron señaladas de delitos como portación de armas, posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada, y secuestro.

“Existen datos de que la gran mayoría de detenciones y puestas a disposición que realizaron estas corporaciones, no tenían como antecedente una investigación ministerial, sino que se tratan de detenciones que se realizan en el uso de esta figura “flagrancia”, la detención al momento de cometer estos delitos. Y lo que implica es justo eso, la presencia de corporaciones en espacios publicos y detenciones arbitrarias y de tortura.”

Fierro Pineda confirmó que el CEDEHM ha observado un aumento en violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, desde los primeros operativos que se hicieron en el estado de Chihuahua.

“Donde hay más armas, siempre están mas en riesgo las personas más vulnerables, como mujeres, niñas y niños”, dijo.

Por el otro lado, ”hemos visto cómo en los movimientos y colectivos de familiares, predomina el tema de mujeres alzando la voz, haciendo denuncias. Entonces podemos concluir que son quienes se encuentran más en riesgo por esta razón.”

Cuestionadas sobre los motivos para la preferencia del uso de militares sobre las corporaciones policiales, las expertas se quedaron con dudas. Habría un discurso de que el Ejército al ser una organización muy jerárquica, podría ser menos abierta a “grupos que pudieran cooptarlos”, como en el caso de policías locales.

Por el otro lado, existen estudios que demuestran que la aceptación de los militares baja en una población, una vez que están presentes en su región.

Zamora dudó de la voluntad política de fortalecer la policía. Según las encuestas del Inegi, dijo, “hay testimonios de policías de diferentes estados, que mencionan que incluso de su propio sueldo compran sus chalecos antibalas. Esto te deja ver que no es una apuesta del Estado, de los gobiernos, el fortalecer sus policías civiles, realmente capacitarles y dotarles de protección esencial.”

Sería importante recordar que la labor de todas las corporaciones, incluidas Marina y Ejército, es mucho de respetarse.

Ambas reafirmaron su postura respecto a que es necesario fortalecer las fuerzas civiles y no militares. Las propuestas, ya existen.

“No tenemos que inventar el hilo negro”, dijo Fierro Pineda, refiriéndose a las sentencias de la CoIDH en contra del Estado Mexicano:

“En estas sentencias se le dice con claridad al Estado Mexicano qué tipo de acciones debe de implementar y evaluar, para que esto no se repita.” Sin embargo, éstas quedan pendientes por cumplir.

En el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, “existen diferentes políticas que el Estado tiene pendiente implementar.”

Y en el caso Atenco, se establecen medidas de reparación pendientes para garantizar que no se repitan estos hechos.

El caso Atenco también es un ejemplo de la impunidad de crímenes perpetrados por Fuerzas Armadas, que sería mucho más alta que en lo general, y en los pocos casos donde sí hubo una sanción, “suele ser a una de las personas que participó, a lo mejor, sin que realmente se combata la línea de mando.”

Más allá de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se acabaron las violaciones a Derechos Humanos en el actuar de las Fuerzas Armadas porque él ahora es presidente, las expertas señalaron que una verdadera voluntad política de garantizarlos, sería la fiscalización.

“La rendición de cuentas muy estricta para en efecto verificar que están cumpliendo con su mandato de ley, es indispensable”, dijo Zamora Vieyra.

“¡No se puede decir que no sabemos qué hacer! ¡Ahí están las herramientas! Si el gobierno tiene esta voluntad de ser diferente, tiene que cumplir con esas sentencias”, concluyó Fierro Pineda.