El INM informó en un comunicado público del pasado 26 de abril, que actúa “con responsabilidad” ante la contingencia por COVID-19, ya que liberó a la mayoría de las personas detenidas en estaciones migratorias y las deportó.
Esta respuesta vino varios días después de las denuncias y condenas públicas por parte de organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y hasta el Congreso federal, quienes le solicitaron al Instituto garantizar los derechos de las personas migrantes.
Con su comunicado, el INM aseguró que responde a lo que el pasado 17 de abril, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame, ordenó en un resolución histórica: la liberación inmediata de las personas detenidas en estaciones migratorias y el otorgamiento a los grupos vulnerables una estancia regular en el país que incluya acceso a la salud.
El INM dijo que de las3 mil 759 personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias -a quienes “por distintas razones” no se había resuelto su situación jurídica-, actualmente sólo hay 106, y que la medida de evaluar dar salida a las personas migrantes en el contexto de la pandemia fue atendida de manera continua desde el pasado 21 de marzo, días antes de ser declarada la Fase 2; sin embargo, el pasado 14 de abril, las organizaciones señalaron que, con base en información oficial, permanecían a esa fecha al menos dos mil personas detenidas en las estaciones migratorias.
La orden del juez federal vino después de que el 31 de marzo una persona hondureña, solicitante de asilo en México junto con su familia, muriera a consecuencia de un motín originado en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, ante la preocupación entre la población migrante de contagiarse del nuevo virus por el hacinamiento, la falta de higiene y la ausencia de protocolos sanitarios en la que estaban.
Al respecto de estos hechos, el INM culpó en su comunicado de este 26 de abril al cierre fronterizo por parte de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, y aseguró que castigará por ello a personas migrantes hondureñas que participaron en el motín.
El Instituto dijo que este cierre retrasó los retornos asistidos e impidió a las personas retornar a su país, lo que “provocó molestia entre los vecinos” de los municipio fronterizos “por la presencia de esta población” y “ocasionó incidentes como el registrado, lamentablemente, en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, donde se provocó un incendio en el que falleció una persona migrante. Por estos hechos, el Ministerio Público consignó ante un Juez de Control, como responsables, a cuatro personas de nacionalidad hondureñas”.
La muerte del hondureño solicitante de refugio en México derivó en que la CNDH exigiera al INM que implementara una serie de medidas cautelares, las cuales, aseguró el Instituto, se cumplieron con el cierre de la estación en Tenosique, se rehabilitó el lugar y, actualmente, se encuentra sin ocupación.
Deportaciones en lugar de asilo
Aunque entre las medidas de la CNDH y el ordenamiento judicial se pide al INM procurar la atención de las personas solicitantes de asilo en México, nuestro país prefirió deportar a la población migrante, incluyendo a los grupos considerados vulnerables.
El INM dijo que, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se deportó vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador de 3 mil 653 nacionales de esos países, “privilegiándose a los grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas extranjeras con riesgos por enfermedades crónicas”.
De acuerdo con el INM, las organizaciones de asistencia para personas migrantes dependientes de asociaciones religiosas, como la Iglesia católica y las Iglesias cristianas evangélicas han apoyado en el alojamiento de más de un centenar de ellas en sus albergues.
En su comunicado, el INM no dijo nada sobre la regularización de la situación migratoria de las personas solicitantes de asilo en México y sólo precisó:
“Las personas migrantes que deseen permanecer albergadas en las estaciones migratorias, podrán hacerlo al poner de manifiesto, ante el Instituto, su voluntad de manera expresa”.
El instituto también señaló que continuará con la detención de personas migrantes, pues dijo: “Con el apoyo fundamental de la Guardia Nacional, el INM mantiene los puntos de revisión en las fronteras sur y norte del país, en apego a la Ley de Migración, con el fin de garantizar una migración segura, ordenada y regular”.
El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, aseguró que hasta ahora no se ha registrado ningún caso positivo de COVID-19 entre la población migrante atendida en las instalaciones migratorias y se cumple con un protocolo de actuación en las estaciones migratorias y estancias provisionales, avalado por la Secretaría de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Cimacnoticias buscó a la SRE, con base en la “política internacional feminista” que adoptó a inicios de 2020, cuál es la atención que brinda actualmente a las extranjeras en México y a las connacionales en el extranjero, pero evadió responder y remitió a esta agencia al INM.