Igualmente, esa Comisión advirtió del crecimiento de la violencia en la Zona del Bajío, en el Estado de Puebla y el caso emblemático de Paola en Sonora.
En receso y a través de reuniones virtuales, las senadoras sostienen que en estos momentos es fundamental extremar las medidas de prevención y atención de la violencia contra mujeres y niños.
Así lo expresan a los gobiernos federal y estatales y a todas las agencias encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Detallan que el confinamiento social aumenta el nivel de riesgo de las mujeres a sufrir algún tipo de agresión.
Se refieren específicamente al aumento de la violencia feminicida en la zona del bajío, particularmente en el estado de Guanajuato, en donde tan solo en enero y febrero de este año, se registraron al menos 83 homicidios dolosos de mujeres, ubicando a la entidad como la más violenta del país en el mes de marzo cuando se alcanzó la cifra de 325 casos de homicidios dolosos, de los cuales casi el 15 por ciento corresponde a víctimas mujeres.
Señalan que el mismo problema aqueja a la entidad Poblana, que de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), se ubicó en el segundo lugar nacional con la mayor cifra de presuntos feminicidios, al registrarse 17 casos entre enero y febrero de 2020.
Para las senadoras, la violencia contra las mujeres en esas entidades y en el resto del país implica que, como legisladoras y legisladores, es urgente continuar con el trabajo de información y colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues sólo de esta forma se logrará garantizar para todas nosotras una vida libre de violencia.
Manifestaron su preocupación en un pronunciamiento de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República sobre algunos casos de violencia contra las mujeres ocurridos recientemente y que la contingencia no debe dejar de atender.
Reflexionan que ante la emergencia sanitaria decretada a raíz de la pandemia del COVID 19 requiere de medidas sociales como el resguardo de la población en sus hogares, la restricción de movilidad al máximo y el aumento de las acciones de higiene y limpieza; sin embargo, para muchas niñas, adolescentes y mujeres sus hogares no son espacios de salvaguarda y seguridad, sino lugares donde sufren violencia de forma cotidiana.
Esta violencia contra las mujeres y las niñas ha tenido en los días recientes diversas formas de manifestación, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
Lamentable el caso de la niña Ana Paola, ocurrido en Nogales Sonora, según la comisión, es el crimen que más indignación ha provocado tanto en la sociedad como entre las propias autoridades.
Ana Paola fue asesinada en su propia casa a sus escasos 13 años de edad.
La niña vivía en una de las ciudades que forman parte de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en el país.
La familia de Ana Paola ha pedido recordarla por su vida y no por su muerte, pero ello no implica que dejemos de exigir a la Fiscalía General del Estado de Sonora una investigación con perspectiva de género que concluya con la captura del o los responsables de este crimen, así como en la adopción de medidas de protección y seguridad para sus familiares y la concreción de medidas de prevención efectivas para evitar que hechos semejantes se sigan repitiendo. En Sonora se informó que fue detenido un presunto responsable.