Continúa sin cumplirse pliego petitorio de universitarias

Ciudad de México. A casi cuatro meses de haber tomado las instalaciones educativas para exigir acciones que erradiquen la violencia de género en las aulas, las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han conseguido avances para todas las universitarias pero ninguna de sus 11 demandas ha sido totalmente resuelta.

De acuerdo con información publicada en las redes sociales de las Mujeres Organizadas y contrastada con la de las autoridades universitarias, éste es el estado que guarda cada una de las demandas que integran el pliego petitorio que las alumnas hicieron llegar por escrito a los directivos de la FFyL desde el pasado 20 de noviembre de 2019 y para las cuales se impuso el pasado 15 de enero un límite mínimo de cumplimiento para regresar las instalaciones.

1.- Modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM
Fue exigencia de las estudiantes organizadas de la FFyL, y no propuesta las autoridades universitarias, modificar los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave y establecer sanciones específicas.

Sin informar con antelación a las alumnas, el pasado 12 de febrero, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció en sesión del Consejo Universitario la modificación del artículo 95 y 99, pero no reconoció que ésta fue una propuesta de las Mujeres Organizadas ni incluyó modificaciones al artículo 98, sobre sanciones específicas contra los agresores.

La UNAM alegó que la propuesta de las estudiantes “no había sido revisada a cabalidad” y dio amplia difusión a la modificación de los estatutos como si fuera una propuesta propia.

2.- Destituciones de funcionarios y profesores
Las estudiantes organizadas exigieron como parte de su pliego petitorio la destitución del entonces Secretario General de la Facultad de Filosofía, Ricardo Arteaga, y del titular de la Oficina Jurídica de la Facultad, Jesús Eugenio Juárez, ambos denunciados públicamente por violencias contra las mujeres o por omisiones durante la investigación de las denuncias.

En respuesta, la FFyL emitió un comunicado en el que asegura que no puede fundamentar sus decisiones en denuncias no formales expresadas en redes sociales contra cualquier funcionario o miembro de la comunidad, pero que la Secretaría General no tendrá ninguna intervención en la atención de denuncias de violencia de género ni en las actividades de la Unidad de Género.

Eugenio Juárez, por su parte, fue transferido a otro puesto en la Oficina de la Abogada General de la UNAM, y Ricardo Alberto García Arteaga anunció su renuncia tiempo después para “contribuir al proceso de entrega de las instalaciones” pero continuó como profesor.

En el camino, las alumnas también denunciaron que la psicóloga Yadira Coronado, contratada para dar talleres sobre violencia de género, revictimizaba a las mujeres, tras lo cual fue destituida.

Sin embargo, denunciaron las estudiantes, la dirección de la FFyL nunca se responsabilizó por la presencia de esos funcionarios dentro de la universidad ni reconoció que su salida fue consecuencia de la presión política de las Mujeres Organizadas.

3.- Reapertura de casos
Las estudiantes pidieron que la universidad reabriera la investigación de casos de violencia contra las mujeres en los que la resolución haya resultado insatisfactoria, dada la negligencia de las autoridades.

Inicialmente, las autoridades universitarias se comprometieron a orientar a las denunciantes para comenzar sus procesos ante la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD), a dar acompañamiento integral, así como pedir a la Abogacía General la reapertura de los casos.

Pero el pasado 15 de enero, el director negó que existiera la posibilidad de abrir casos ya cerrados pero reveló que en la Universidad ya no existe el candado de la prescripción; es decir, ahora ya es posible presentar denuncias por violencias que ocurrieron hace más de un año. Con esto, dijo, las víctimas pueden presentar nuevas denuncias.

Sin embargo, al 17 de marzo, las alumnas organizadas aseguran que aún no existen los perfiles de las personas que atenderán la UNADVG y que hubo una intención por parte de la universidad para instalar un módulo que recibiera y retomara las denuncias, pero que ésta se instaló en un estacionamiento público y nunca fue un espacio seguro o funcional.

4.- Transparentar información sobre casos de violencia
Las estudiantes pidieron a la universidad transparentar el registro sobre las denuncias por violencia de género dentro de la FFyL.

En respuesta, las autoridades crearon una página web específica, pero –de acuerdo con las estudiantes– ésta no ha sido actualizada ni cumple con los requerimientos que se exigieron en el pliego petitorio, pues los datos visualizados son sólo cuantitativos y no incluyen el número total de procesos de denuncias iniciados, colegio y sector (trabajador, estudiante o académico) del denunciado, estado de la denuncia (si se admitió o no), tipo de sanción, la autoridad que la impulsó y el número de las denunciantes que decidieron iniciar este proceso.

La página web contiene datos de 2016, 2017 y 2018, y detalla el avance en cada una de las peticiones de las estudiantes, sino que congrega y difunde los comunicados y boletines de la universidad con respecto a sus posicionamientos y acciones en general para atender la violencia contra las mujeres.

5.- Comisión Tripartita Autónoma
El director firmó su compromiso de respetar y financiar todas las actividades propuestas por la Comisión Tripartita Autónoma, así como gestionar espacios para las mismas. El acuerdo incluía mantener esta Comisión durante otros periodos escolares.

Sin embargo, en su conformación la dirección le impuso funciones que no le corresponden, como la creación y revisión de los planes de estudio, lo que representa una sobrecarga de trabajo.

Una de las funciones de la Comisión es trabajar en paralelo con la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la FFyL, pero esta Unidad aún no tiene titular ni perfil para quien deberá ocupar el cargo.

6.- Talleres con perspectiva de género
Las alumnas buscaron en su pliego que la universidad se hiciera cargo de la formación y sensibilización de estudiantes y cuerpo académico en materia de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, no están conformes con la propuesta de la dirección de la FFyL, quien plantea trabajar con base en un taller para académicos hechos por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) que no cumple con las características de lo que han solicitado las mujeres organizadas: horizontales, con perspectiva de género, interdisciplinarios y de acuerdo al contexto de la Facultad.

7.- Cursos y materias con perspectiva de género
Las estudiantes también exigieron cursos de género y perspectiva de género en los planes de estudio para las licenciaturas en sus distintas modalidades.

Sin embargo, consideran que el curso propedéutico del CIEG no es aplicable al contexto de violencia que se vive en la Facultad, pues en los materiales de apoyo y bibliografía se muestra el poco conocimiento e interés que se tiene sobre los temas, por ejemplo –aseguraron– videos de la empresa AVON.

Además, no se han presentado las fechas para trabajar en “materias candado” o curso obligatorio; la dirección de la FFyL tampoco ha hecho pública la propuesta que trabajan con un grupo de expertas; y la dirección ha querido que el proceso de construcción sea sólo por la Comisión Tripartita.

8.- Acompañamiento psicológico
Las alumnas exigieron a la universidad garantizar un acompañamiento psicológico óptimo para las estudiantes y aseguraron que, después de su denuncia, solo una psicológa se hacía cargo de atender a las denunciantes, lo que hacía imposible su atención y representaba una explotación laboral.

Este fue uno de los puntos más álgidos en las discusiones entre la dirección de la FFyL y las estudiantes el pasado 15 de enero, ya que las autoridades alegaron que no había más recurso para contratar a dos psicólogas más, como pidieron las Mujeres Organizadas.

De acuerdo con las estudiantes, a este 17 de marzo la universidad no ha hecho públicos los tres perfiles de las personas que asumirán la atención psicológica de las denunciantes de violencia de género y que hasta ahora la canalización de denunciantes a servicios externos ha sido acordada a través de la OAG.

9.- No criminalización a la protesta
Las estudiantes aseguran que, a la fecha, la universidad mantiene actos represivos en contra de ellas, como enviar grupos porriles afuera del plantel para hacer disturbios (principalmente en fin de semana), y la Dirección no se ha comprometido a no tener represalias contra las personas que sostienen la toma.

10.- Disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa
Mariela Vanessa es una estudiante de la Facultad desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 cuando se dirigía a sus clases.

Las alumnas exigieron una disculpa pública a la universidad porque inicialmente no contribuyó en las acciones de búsqueda inmediata de la joven.

De acuerdo con las Mujeres Organizadas, la Facultad cometió omisiones, entorpecimientos, retrasos, negligencia, ineficiencia e insensibilidad en el caso, pues inicialmente le negaron la atención, acompañamiento y asesoría jurídica a la familia.

La familia de Mariela, y las estudiantes organizadas, exigen como parte del proceso reparatorio que las autoridades reconozcan en un evento público (acordado con la familia) su responsabilidad en los hechos, enuncien lo que se hizo y lo que no se hizo y hablen con la verdad.

Sin embargo, desde entonces, en dos ocasiones el director de la Facultad, José Enrique Linares, ofreció breves disculpas a la familia de Mariela sin ningún protocolo de por medio; y, en lo más reciente, condicionó la disculpa hasta que se hiciera la entrega de las instalaciones.

11.- Espacios de organización
Las alumnas exigieron que todas las estudiantes, incluidas ellas, contaron con espacios dentro de la Facultad para organizarse políticamente y llevar a cabo actividades de difusión.

La dirección de la Facultad se comprometió a asignar estos espacio por medio de la secretaría administrativas, pero sólo si los lugares estaban disponibles y no interferían con las actividades académicas o administrativas de la facultad.

FFyL responde
En respuesta a las denuncias de las estudiantes organizadas sobre el incumplimiento de su pliego petitorio, las autoridades de la FFyL emitieron un comunicado en el que aseguran que se han producido avances sustantivos e insisten en la necesidad de reanudar las actividades académicas para poder continuar con las acciones y programas para combatir la violencia de género en la Facultad.

También señalaron que no es posible legalmente cumplir con dos límites en particular, los de reabrir investigaciones cerradas y transparentar información sobre las denuncias que se presentan; no obstante, señalaron, “hemos aclarado que hemos ofrecido alternativas y propuestas de solución, por lo cual pueden considerarse cumplidos”.

La Dirección también informó que convocó al Consejo Técnico a sesión extraordinaria de diálogo con las Mujeres Organizadas en los pilares de la Facultad el jueves 19 de marzo a las 12h. Después del diálogo, las y los integrantes del Consejo deliberarán y tomarán acuerdos operativos.