Y es que esta organización está encabezada por Rosa María de la Garza Ramírez, quien fue investigada por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, del Gobierno Federal, por contar con propiedades donadas que no fueron utilizadas para atender a víctimas de trata de personas.
Dicha investigación se realizó en 2019 en contra de la activista conocida como Rosy Orozco, bajo otra asociación, llamada Camino a Casa.
En este sentido, el secretario del Ayuntamiento, argumentó que la donación de un predio de mil 900 m2 en la delegación Epigmenio González, está blindada para que no sea utilizado dicho espacio para otro fin, que no sea la construcción de un Refugio para víctimas de trata.
“Nosotros somos una autoridad de buena fe, validamos que se cumplan con los requisitos que la ley nos exige, que en este caso se cumplieron. Además, evaluamos el fin último de esta donación, que es apoyar a las niñas y a las mujeres victimas de este delito”, manifestó.
Sostuvo que está garantizado que no se realicen cambios de uso de suelo que esté fuera de la condición única y exclusivamente para respaldar un refugio para las víctimas.
Manifestó que la asociación “Unidos contra la Trata” está obligada a realizar el proyecto del refugio en un plazo no mayor a dos años, tiempo en el que ya debe estar construido el edificio y en operación.
Franco González dejó en claro que si, al término de este periodo no se cumple con el compromiso para la donación, el predio será devuelto a las arcas municipales, aun si incluye trabajos de construcción.
Admitió que en esta administración se han llevado a cabo ya cinco donaciones de predio a organizaciones civiles, y cinco más que han sido revocadas.
Actualmente, señaló, existen en procedimiento 13 solicitudes para la donación de terrenos por parte del gobierno capitalino a asociaciones sin fines de lucro.