Primero, dijo, es cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 19 de noviembre de 2019, que obliga a los estados actualicen su legislación para incorporar un procedimiento para la autorización y asignación de seguridad personal para los servidores públicos que establece la Ley General.
“Les recuerdo a dichos diputados que criticaron y votaron en contra, que una Ley General es obligatoria en todo el país para los ciudadanos, servidores públicos y por mayoría de razón para los legisladores, si se trata de la responsabilidad de legislar”, comentó el legislador.
Señaló que el segundo objetivo tiene que ver con la austeridad, transparencia y rendición de cuentas, tal y como lo ha pedido el presidente de la República, es decir, la reforma del 19 de noviembre de 2019 antes mencionada, fue iniciativa del ejecutivo federal.
Es importante puntualizar que de lo que se trata, es que no exista ningún servidor público que pueda disponer de miembros de corporaciones policiales o fuerzas armadas para su seguridad, si antes no cumple con dos requisitos:
1. Justificar la necesidad
2. Rendir un informe al órgano interno de control que le rige.
“Lo mejor sería que los legisladores para cumplir la Ley lean y se informen, sobre todo si son iniciativas presidenciales”, concluyó Torres Olguín.