25N: la “conmoción” del feminicidio

El fin de semana pasado se dieron en muchos países amplias movilizaciones contra las violencias hacia las mujeres, en particular contra el feminicidio. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

El fin de semana pasado se dieron en muchos países amplias movilizaciones contra las violencias hacia las mujeres, en particular contra el feminicidio. Se trata de una lucha global cuyas expresiones locales se tiñen de colores comunes, como el morado del feminismo y el verde de la marea en defensa del derecho al aborto legal.

Resuena como grito común “¡Ni una menos!”, porque en Francia, España, Argentina o México la violencia machista representa el mismo peligro y las mujeres sienten el mismo enojo ante la complicidad de las autoridades, la policía, el sistema judicial, las iglesias, y grupos conservadores

Las feministas salen a la calle con demandas precisas que el Estado desoye porque en el fondo sabe que ellas tienen razón: las violencias machistas forman parte funcional de un sistema patriarcal donde el feminicidio y la trata son sólo la punta del iceberg.

Así, por ejemplo, en Francia, donde desde fuera puede parecer que el Estado responde mejor a las demandas ciudadanas (que en México u otros países donde privan la simulación o el conservadurismo), las feministas “orgullosas y fuertes” tomaron las calles de las principales ciudades para denunciar el feminicidio, la industria de la pornografía, la relación entre precarización y trabajo sexual, la brecha salarial y el acoso laboral, la violación y la fobia anti- LGBTTIQ.

Con pancartas que alertaban que “el patriarcado mata”, o denunciaban el incremento de violaciones y asesinatos de mujeres por sus parejas o ex parejas (171 desde enero), o afirmaban que “no hay crímenes pasionales, son feminicidios”, chicas muy jóvenes, feministas experimentadas, personas trans y algunos hombres opuestos al machismo, interpelaron a un Estado cuyas instituciones no responden con la eficacia debida y así contribuyen a la revictimización y a la impunidad. Si bien los niveles de ésta no alcanzan los de México, la tendencia a invisibilizar “las violencias conyugales” afecta también a la justicia francesa.

La palabra “feminicidio” no ha entrado todavía en el código penal francés y quizá no entre enseguida pues no todos los intérpretes de la ley entienden la necesidad de nombrar esta violencia específica. Sin embargo, desde 2015 está en el diccionario, en respuesta al uso cada vez más común entre las feministas, para referirse al asesinato de una mujer o niña por razones de género, y en particular a los asesinatos cometidos por parejas o exparejas, que en ese país son los más frecuentes. La influencia conceptual latinoamericana y el uso del término “feminicidio” para nombrar estos asesinatos nos habla de una realidad, atroz, común, y del poder de “conmoción” del uso político de este vocablo, como ha planteado la profesora Ana María Martínez de la Escalera (UNAM). “Feminicidio” ha venido a develar el afán de dominación que subyace a un crimen que algunos trasnochados, allá o aquí, aún pretenden justificar como expresión de un amor loco.

Lejos de la tibieza que algunas les atribuyeron en el marco del debate sobre el “MeToo”, las feministas francesas reivindican su propio movimiento, “Balance ton porc”, como precedente de las exigencias que han llevado al gobierno francés a convocar una investigación conjunta y un debate de expertas para reunir propuestas de políticas públicas coordinadas contra “las violencias conyugales”.

Este lunes 25 se anunció la distribución de un protocolo con 23 preguntas para evaluar el riesgo que corren las mujeres denunciantes, la profesionalización del personal judicial para evitar la revictimización y la del personal escolar acerca de la igualdad entre niños y niñas; se enunciaron también medidas que se implementarán en el futuro inmediato como el aumento de espacios en los refugios para mujeres maltratadas y de personal de acompañamiento psicológico y legal, la inserción en la ley de la violencia psicológica y la prohibición de la mediación en casos de violencia conyugal.

Además se propone discutir la anulación de la custodia de los padres agresores, modificar los términos del secreto médico para que el personal de salud pueda intervenir y se puedan hacer denuncias en los hospitales, y se plantea eliminar la obligación de los hijos de apoyar económicamente a su padre en situación de precariedad, o en la vejez, cuando se trate de un agresor, entre más de 40 medidas basadas en las recomendaciones de las y los expertos.

Este programa va acompañado de un presupuesto inicial de 300 millones de euros, en una acción que la ministra para la igualdad considera una prueba del compromiso de un gobierno que “por primera vez se moviliza en este tema” (en entrevista televisada el 25 noviembre)

En México hay más avances legales pero el Estado sigue actuando sin ton ni son. No entiende que, como apuntan asociaciones francesas y sabemos las mexicanas, la ley no garantiza nada si no se dan cambios integrales que garanticen la “igualdad real”.

Tampoco entiende que a las demandas sentidas de jóvenes y adultas no se puede responder con despliegues policiacos excesivos, como el del 25N, ni aunque se trate de mujeres policías o “cinturones de paz” conformados por funcionarias que dizque voluntariamente acudieron a ¿cuidar? la marcha contra la violencia. Si gran parte de la frustración y de la rabia de muchas se debe a la incapacidad de las autoridades, ¿por qué provocar más enojo con semejante exhibición de poder estatal?

La violencia, machacada hasta el cansancio por los medios mexicanos (que en mucho han contribuido a la reproducción del sexismo), puede no ser el mejor medio de lograr un cambio pero no se puede descalificar simplemente como vandalismo irracional.

Si hay grupos vandálicos, habrá que preguntarse de dónde vienen y no cerrar los ojos como se ha hecho antes en muchas otras marchas. Al mismo tiempo, habrá que empezar a escuchar las razones de quienes afirman que hay que “quemar todo”. ¿Cuántas de ellas viven la violencia en carne propia día a día, han esperado en vano una respuesta a sus denuncias, han perdido hijas o hermanas a manos de asesinos que siguen sueltos?

En más de un sentido, la violencia espontánea (no la organizada) de las jóvenes es una respuesta desesperada ante la violencia continua del Estado y ante la falta de sensibilidad de un gobierno que insiste en tomar medidas llamativas (como las unidades especiales de género y sus patrullas moradas o el registro de violadores) en vez de planear una estrategia integral a corto, mediano y largo plazo.