Necesaria reconciliación

Cuando hablamos de problemas que afronta la sociedad mexicana, la violencia derivada del incremento del crimen organizado y la corrupción. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México. Cuando hablamos de problemas que afronta la sociedad mexicana, la violencia derivada del incremento del crimen organizado y la corrupción ligada a ella son los constantes. No hay alguien en la sociedad que no confirme que esa es una de las graves problemáticas, sin embargo desde las instituciones se ha olvidado la necesaria alianza y conciliación entre la sociedad y las instituciones policiales encargadas de la protección y la prevención de los riesgos, recuperar la confianza mutual.

Hay fundadas razones para desconfiar. Es cierto.

Por un lado, históricamente hay elementos suficientes para que la sociedad desconfíe de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, bajo un enfoque obsoleto de seguridad pública y sin tener claridad hacia todos los niveles sobre lo que implica en cambio de paradigma, la proximidad social y la planeación en forma conjunta con la ciudadanía está aún muy lejos de ser una realidad. Solo se limita al cambio de nombre en algunas ciudades.

Esto no sería un tema de agenda prioritaria y especialmente de este espacio de reflexión de no ser porque transversalmente atraviesa todas las políticas públicas de prevención de la violencia feminicida y la violencia de pareja, pues son las instituciones encargadas de procurar la seguridad y velar por la integridad de las personas las que pueden brindar medidas de protección efectivas en los municipios y en los núcleos más pequeños de población.

Lo cierto es que es claro que no existe un enfoque transversal que permee todos los niveles y que haga efectivo el principio constitucional de prevenir la discriminación, y la violencia como una forma grave de discriminación que afecta el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.

Hasta que la prevención de la violencia sea un eje transversal y el enfoque que atraviese la manera de entender y de hacer seguridad ciudadana, hasta entonces podremos aproximarnos a tener realmente medidas que incidan en los números de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Una de las razones es porque la formación policial sigue sin visualizarse como un eje de garantía para el acceso al derecho a la seguridad, y por otro lado porque como es sabido el debilitamiento de las policías frente a otras instituciones, bajo los argumentos de la corrupción la falta de profesionalización y la desconfianza ciudadana, son los mismos elementos que hoy día afrontan esas supuestas soluciones.

Es inaudito que se pretenda ofrecer una solución con una Guardia Nacional en la que el requisito de ingreso es “nivel primaria o secundaria”, cuando eso es justamente lo que se ha cuestionado a las policías, el bajo nivel profesional, los bajos salarios y por supuesto la falta de profesionalización.

Pero también la falta de visión gubernamental para diseñar intervenciones que sumen la profesionalización a las estrategias de reconciliación entre la sociedad y las policías que afrontan el desgaste, la falta de credibilidad y con ello el adelgazamiento de las instituciones que tienen en sus manos la tarea de la prevención del delito mediante la colaboración y la alianza ciudadana.

Escuchar a las policías hoy día da una idea acerca de las problemáticas que viven, no solo por los bajos salarios, la desilusión y la falta de capacitación profesional que les garantice un adecuado procedimiento frente a los casos de violencias, como fuimos testigos en el video del policía que dispara a quemarropa contra un hombre armado con un cuchillo, también es evidente que no existe una vinculación estratégica entre las instituciones de atención a la violencia contra las mujeres, las Alertas de Violencia de Género y el diseño de mecanismos de prevención de la violencia mediante valoración de riesgo.

En tanto, se sigue pensando que la facilitación y el trabajo con policías consiste básicamente en justificar los tiempos y obtener las constancias, cuando en la realidad hay escaso conocimiento sobre el uso de la fuerza y los mecanismos para la prevención de la violencia por la falta de vinculación entre todas las instituciones para el seguimiento efectivo de los casos en los que se solicitan medidas de protección para las mujeres cuyas vidas están en riesgo por la violencia.