México: Despenalización del aborto, asunto de salud y justicia social

La discusión de la despenalización del aborto a nivel federal ya está en la agenda con las diversas iniciativas que han promovido las legisladoras de la paridad. Foto: Notimex.

México, octubre (SEMlac).- En la Cámara mexicana de Diputados, la discusión de la despenalización del aborto a nivel federal ya está en la agenda con las diversas iniciativas que han promovido las legisladoras de la paridad.

Está la iniciativa para modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, así como las iniciativas de la diputada Lorena Villavicencio de modificar la Ley General de la Salud para que permita la interrupción del embarazo y que las instituciones de salud, médicos y enfermeras garanticen el derecho a interrumpir el embarazo, y la Ley de Amnistía que beneficie a las mujeres encarceladas por aborto, que refuerza la enviada por el Poder Ejecutivo.

El discurso público sobre aborto cruza con el debate sobre la sexualidad, la reproducción, el embarazo, la maternidad y el rol de las mujeres en la sociedad.

Las mujeres en la mayoría de los estados de la República, a excepción de la Ciudad de México y ahora Oaxaca, viven una restricción directa de sus derechos humanos, en cuanto al acceso a la salud, a la decisión sobre el número y espaciamiento de sus hijos, al ejercicio de la libre personalidad y a la decisión sobre su cuerpo.

Esta restricción está basada en la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva en la mayoría de las entidades federativas, se expone en la iniciativa que presento la legisladora de Morena Villavicencio Ayala, en el pasado mes de agosto en Sesión de la Comisión Permanente.

En ella destaca una contradicción al principio de universalidad de los derechos humanos, es inconcebible que una delimitación territorial determine los derechos para una población y para otra, lo cual es una segregación directa, afirmó Villavicencio.

Por esto se promueve incluir modificaciones en la Ley General de Salud, en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo.

También se plantea que los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, incluyendo la interrupción del embarazo, se proporcione en forma universal, gratuita y en condiciones de calidad, “siempre que la mujer interesada lo solicite, por voluntad propia y se encuentre el embarazo antes de cumplirse 12 semanas de gestación”.

“La Institución del Sector Salud deberá proceder a la interrupción del embarazo, en un plazo no menor a cinco días naturales posteriores a la solicitud por escrito de la mujer interesada, siempre que se satisfagan las disposiciones legales aplicables”, refirió.

En esta iniciativa se argumentó que existe una cifra negra de mujeres que mueren por abortos clandestinos, los cuales no son reportados por las repercusiones punitivas que esto tendría; por lo que la mortalidad materna asociada al aborto es un problema de salud pública, derivado principalmente de la penalización punitiva y en consecuencia de la ausencia de servicios de salud para las mujeres.

Leyes públicas deben reflejar realidad de las mujeres
Las leyes y políticas públicas deben reflejar las experiencias reales de las mujeres, resaltando su presencia imprescindible en la sociedad democrática en la que vivimos, se precisa en el documento suscrito por organizaciones feministas ¿Por qué despenalizar el aborto en México?
En el texto se señala que el aborto es un asunto de salud pública y de justicia social. Es un tema de salud pública ya que la penalización del mismo crea condiciones inseguras para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, aquellas que viven un aborto espontáneo y/ o cuyo embarazo representa un peligro para su salud y su vida.

La exclusión de las mujeres y la falta de voz dentro de la práctica democrática parecen particularmente injustas y dictatoriales con respecto a las leyes sobre el aborto.

Las restricciones a la interrupción del embarazo afectan a las mujeres mucho más que a los hombres; además, el debate sobre su regulación está centrado, en realidad, en el papel, el estatus y el valor de la vida y decisiones de las mujeres, sobre el significado del rol que desempeñan en la sociedad y la libertad para determinar el curso de sus vidas.

A pesar de que México es un país que permite algunas causales por aborto, la criminalización ha ido incrementando. Las sanciones por aborto en México dependen de los Códigos Penales locales y pueden incluir hasta seis años de prisión.

De acuerdo con las cifras del aborto, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 17,7 por ciento de las mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos un aborto, lo que significa que una de cada cinco se ha sometido a esta práctica en México.

Para el Instituto Guttmacher, existen anualmente entre 725.000 y 1 000.000 abortos inducidos en México.

Por su parte, en el documento que suscriben organizaciones feministas como Así Legal, Constituyentes CDMX, Liderazgo Simone de Beavior, Fondo María, destacan que el derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, está arraigado en los estándares internacionales sobre Derechos Humanos.

Algunos de estos tratados, firmados y ratificados por México, son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994), y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

La Recomendación General No. 24 del Comité de la CEDAW establece que es obligación de los Estados Parte “respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica”.

También la Recomendación establece explícitamente: “La negativa de un Estado Parte, a proveer la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales, resulta discriminatoria”.

Además, México está suscrita al Consenso de Montevideo, el cual dentro de sus ejes prioritarios tiene el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto.