El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas exhortó al país a reparar los daños causados a los afectados, ya que los responsables de la fumigación no realizaron “los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”.
Paraguay tiene un plazo de 180 días para informar sobre las medidas que piensa efectuar, sentenció.
“Las víctimas de las fumigaciones son trabajadores rurales de una misma familia que se dedican a la agricultura en el Departamento de Canindeyú (este del país) y que viven en una zona en la que predomina el monocultivo amplio y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas”, señaló.
Refirió que las fumigaciones contaminaron los recursos hidrícos y acuíferos, también provocaron la pérdida de árboles frutales y cultivos, así como la muerte de varios animales de cría.
“La contaminación también mató a una persona e intoxicó a otros 22 habitantes de la comunidad. Las víctimas sufrieron náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y lesiones en la piel, entre otras afectaciones”, reseñó.
El Comité de Derechos Humanos advirtió de “la existencia de una relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las garantías fundamentales. A su vez, recordó que el derecho a la vida también incluye la capacidad de disfrutar una vida digna y a no formar parte de acciones u omisiones que tengan como resultado una muerte prematura o no natural”.
Hélène Tigroudja, integrante del Comité, puntualizó que supone “un reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos”.
“Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho a disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”, puntualizó.
De acuerdo con el reporte de Naciones Unidas, tras la ratificación de Paraguay del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 1995, el Comité ostenta “el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte”.
El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados parte al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta 173 integrantes.
El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados parte.