La legisladora expresó que en su carácter de diputada, como representante de los queretanos, mujer, madre de familia y esposa, tiene el firme compromiso de defender el derecho a la vida, a la familia y a la educación, que están consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Elsa Méndez Álvarez, legisladora.En conferencia de prensa denunció que su familia y su persona, han sido blanco de un discurso de rencor e intransigencia de quienes -dijo- imponen una educación que viola la Constitución Política, en creencias de ideologías que no se basan en el progreso científico.
De ahí que sostuvo, su deber constitucional como diputada es luchar contra ese tipo de hostilidades y parcialidades.
“Mi determinación es simple, respetuosa y con estricto apego a la normatividad y me abrigo en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 9 de nuestra Constitución local, que establecen mi derecho a manifestar libremente mis ideas y creencias”, subrayó.
Señaló que no le pueden restringir el derecho de expresión, por el uso de controles oficiales o particulares o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación de ideas y opiniones y bajo ninguna circunstancia ser reconvenida, ni enjuiciada por ello.
Señaló también que se ha desatado en su contra una persecución: “por el simple hecho de no perder mi dignidad, en el fracasado intento de encajar en un grupo que exige libertad al Estado, pero que no comprende las responsabilidades que implica dicha libertad por no ser tibia, por defender a la familia y mi fe”, dijo la legisladora.
Afirmó que mediante ataques de violencia y odio, se ha tratado de dejar en silencio a las voces del respeto y la cordura social, lo cual expresó que no permitirá y que mantendrá firme su convicción de ejercer su derecho a la libertad religiosa y de profesar su fe, así como a la libertad de pensamiento y de expresión, como derecho humano que consagra la Constitución.
En su oportunidad, el representante legal de la diputada, Julio Aldape, informó los términos de la contestación legal que realizaron a la DDHQ:
“Hemos hecho una contestación, (…) como abogados no aceptamos la imposición de un proyecto en el que se nos imputaba la responsabilidad. Hemos contestado con jurisprudencias de la Corte Interamericana, con casos a nivel internacional, con la Constitución local, con la Ley estatal de Derechos Humanos, de cómo se violan los derechos humanos de la diputada en su carácter de funcionaria”, puntualizó.