En un posicionamiento, exigió al gobierno mexicano "estar a la altura de las circunstancias y defender los derechos humanos de la comunidad hispano-mexicana y de los connacionales" que viven en Estados Unidos.
Demandó a las autoridades mexicanas que asuman la responsabilidad de velar por los derechos y la integridad "de nuestros paisanos y se les brinde apoyo y asesoría legal a través de los consulados de nuestro país acreditados ante el gobierno estadounidense”.
La detención de posibles migrantes indocumentados presupone una discriminación racial basada en el aspecto de una persona, lo cual es contrario a los derechos humanos básicos establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Acciones de esa índole ponen en riesgo "quizás miles de mexicanos que radican legalmente, e incluso que cuentan con nacionalidad estadounidense y que por su sola apariencia se verán seriamente afectados en sus derechos humanos al ser detenidos como consecuencia de esta irracional medida”.
La fracción priista recordó que la mayoría de los mexicanos que viven sin documentos en la Unión Americana trabajan arduamente, abonan al crecimiento de la economía en ese país y contribuyen al bienestar de la sociedad estadounidense en su conjunto, tanto con su trabajo, como vía el consumo y el pago de impuestos al consumo.
“Estamos seguros de que, a través del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, la observancia de la ley, el diálogo y la cooperación, México logrará atender de manera adecuada esta coyuntura migratoria”, concluye el documento.
Por otra parte, el diputado federal sin partido, Héctor Serrano Cortés solicitó el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, en caso de que comience la operación masiva para deportar a personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos.
El legislador advirtió en un comunicado que esta medida afectaría potencialmente a personas que han vivido desde hace años en aquel país y cuyas familias incluyen en muchos casos a hijos nacidos allá.
Consideró necesario apegarse al Estado de derecho y no dividir a las familias, además de garantizar que el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que buscará primero a unos dos mil inmigrantes que ya han recibido orden de deportación, estén verdaderamente capacitados y traten con dignidad a las personas.