La ley es necesaria, aunque no suficiente

La Habana, 11 febrero.- Imaginarios sociales anclados en la ideología patriarcal, estereotipos sexistas, la ausencia de protocolos de actuación, carencias de las leyes y algunas dificultades para aplicarlas limitan, entre otras situaciones, la prevención y enfrentamiento de la violencia de género en Cuba.

Especialistas coindicen en señalar que hace falta mejorar las normas legales vigentes, aunque también consideran que no se conocen suficientemente las que hay ni se emplean a fondo, como se debiera, para dar mayor protección a las mujeres en situaciones de violencia.

En general, el marco jurídico para proteger, consagrar o tutelar las conductas que pueden convertirse en acciones violentas puede calificare de pobre o limitado, señaló Arlín Pérez Duharte, profesora de Derecho de la Universidad de La Habana, durante una conferencia a periodistas, en octubre de 2018.

Aunque el Derecho tiene múltiples ramas, como la civil, de familia, laboral y administrativa, los actos violentos se tienden asociar con el ámbito de la criminalidad, de delitos y conductas prohibidas y castigadas, aclara.

"Sin embargo, el ámbito legal para proteger a las personas de la violencia debe anticiparse al penal, que es en realidad el último recurso", insistió la profesora.

Otros pasos tienen que ver con cambios necesarios en la ley de procedimiento penal para poder conferirle a la víctima la condición de parte en el proceso, lo que le otorga derecho de intervención e impugnación.

El Código Penal cubano castiga el asesinato, los abusos sexuales, la amenaza, la coacción y las lesiones, pero estas tienen que causar daño; de lo contrario, tampoco se tipifican como delito. También sanciona la violencia psicológica, en las variantes de amenaza o coacción.

Por citar algunos vacíos jurídicos, desde el punto de vista administrativo no hay figuras legales que permitan alejar a la víctima del agresor, el acoso no existe como delito en el Código Penal y la violencia obstétrica no se menciona en las normas.

Tampoco hay referencia alguna al feminicidio, aunque se tipifican como delitos el homicidio y el asesinato, "No hay impunidad, pero tampoco hay un reflejo del asesinato de la mujer solo por su condición de mujer", precisa Pérez Duharte al referirse a una especificidad que, de tenerse en cuneta, permitiría además tener estadísticas al respecto, visibilizar el problema y establecer políticas.

El reclamo de una ley específica para los casos de violencia de género ha ido ganando consenso entre especialistas sensibilizados y que se vinculan a estos hechos, aunque aún con poco respaldo a escala social.

"Pero las leyes solas no bastan", ha comentado más de una vez a SEMlac la jurista Rita María Pereira. "No hacemos nada con tener leyes y reformarlas, si no se influye en quienes las aplican; si esas personas siguen pensando que la mujer se merece el maltrato o la ven como la causante del problema, la que lo provoca", ha suscrito la experta.

A las fallas en la norma se agregan otras muchas mediaciones que redundan negativamente en la protección y atención a las víctimas. Una de ellas es el desconocimiento a nivel social, y de las propias mujeres en situación de violencia, de los recursos que la ley les brinda.

A la par, falta de una respuesta integral y articulada desde los diferentes espacios que deben atenderlas. Muchas de las mujeres maltratadas ignoran a qué lugares pueden dirigirse para recibir ayuda y, en todo caso, acuden a la policía y otras instituciones donde no siempre encuentran oídos receptivos.

En Cuba no hay una estadística pública sobre hechos de violencia de género a nivel de país y tampoco se conocen las denuncias que hacen las mujeres de estos casos.

La Encuesta sobre igualdad de género de 2016 reveló que unas 30 mujeres de cada 100 declararon haber recibido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica en los 12 meses previos a la entrevista.

Esa proporción se elevó a 40, 5 por ciento al abrirse el periodo a "algún momento de su vida", apunta la investigación levantada por el Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

La forma de agresión más declarada en la encuesta fue la psicológica, incluidos el silencio, la ignorancia, el grito, la ofensa, estrategias diversas de control, limitar el contacto con amistades y familiares y las amenazas con matarla, suicidarse o ambas.

En menor medida se reconocieron actos de agresión física, sexual y violencia económica, como gastar el dinero para la casa, no dejarlas trabajar, negarles dinero, privarlas de objetos y bienes, controlarles o quitarles el dinero.

Otros estudios aislados apuntan que estos hechos pocas veces se reportan o, en otros casos, las denuncias son retiradas luego por las propias víctimas, ya sea por temor u otras dependencias que las llevan al arrepentimiento.

Las mujeres en situación de violencia, en general, carecen de redes de apoyo efectivas, sean formales o no, en un entorno donde prima el imaginario social de que ese es un asunto privado, de pareja, en el que no se debe intervenir.

Solamente en la capital cubana fallecieron 18 mujeres por homicidio en la pareja, entre enero de 2009 y enero de 2010, reporta el estudio "Violencia de género y homicidio en la pareja en La Habana (2009-2010)", de Janet González Medina, publicado en la Revista Cubana de Tecnología de la Salud.

La autora consigna que más del 70 por ciento de esa parejas mantenía una relación estable y duradera. Lo que demuestra que estabilidad no significa armonía.

"Las instituciones deben actuar de manera inmediata en los conflictos y así evitar que estos, de agravarse, terminen con la vida de uno de los miembros de la pareja, casi siempre la mujer en el papel de víctima", suscribe González Medina en su artículo.

En opinión de Pérez Duharte, "aunque no lo resuelven todo, las leyes también son importantes porque dan una pauta y ayudan a generar una cultura sobre los problemas", explica.

En su opinión, deberá vivirse un mejor momento legislativo, partir de aprobarse una nueva legislación.

"Las leyes no son los mejores recursos, pero son herramientas que sirven también para educar y, sobre todo, para empezar a cambiar las mentalidades", resumió. (Sara Mas)