Derechos sexuales y reproductivos en la mira

La Habana, 28 enero (SEMlac).- El embarazo adolescente y la poca implicación de los hombres en la reproducción y la paternidad son brechas identificadas por especialistas en las dinámicas demográficas de la nación caribeña.

A la par, reconocen el avance que ha tenido el derecho a decidir en el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, en particular para las mujeres.

“Cuba incorporó muy pronto el derecho de las personas a decidir si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento”, señaló en La Habana Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en México y director de país para Cuba y República Dominicana.

Al intervenir durante el panel “Derechos Sexuales y Reproductivos en el contexto demográfico cubano”, realizado en el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Hoekman dijo que Cuba fue una aliada estratégica del UNFPA para alcanzar el Plan de Acción del Cairo (1994) y el Consenso de Montevideo (2013), documento este último que calificó del más progresista a nivel mundial en materia de derechos sexuales y reproductivos.

El funcionario indicó que los países en transición demográfica deberán mantener y promover acciones en favor del cumplimento de los derechos, en particular para que la mujer y la pareja puedan tener el número de hijos deseados.

Con una transición demográfica temprana en la región de Latinoamérica y el Caribe, Cuba encara no pocos desafíos, al ser uno de los 53 países del mundo con niveles de fecundidad por debajo de la tasas de reemplazo.

Desde 1978 –más de 40 años--, las cubanas no tienen el número de hijas necesarias para reemplazarlas en su función reproductiva. Al mismo tiempo, con altas tasas de uso de la anticoncepción y acceso legal, libre y gratuito a la interrupción de embarazos no deseados, sigue siendo alta la fecundidad entre las adolescentes.

Además, la población envejece de forma acelerada, lo que plantea altos costos relacionados con las pensiones, la asistencia social y la atención de salud.

En opinión de Juan Carlos Alfonso Fraga, subdirector del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas, junto a diversos factores y condicionantes de esas dinámicas demográficas, el factor más importante ha sido “la visión de derechos, el poder de decidir”, consideró.

Explicó que también es necesario analizar el proceso de la transición demográfica, en el caso cubano, desde el contexto de un país subdesarrollado.

Las políticas deben mirar especialmente al embarazo adolecente, alertó por su parte Matilde Molina Cintra, subdirectora de Centro de Estudios Demográficos (Cedem), de la Universidad de La Habana.

Molina Cintra destacó la amplia cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva en los municipios del país y abogó también por incrementar las acciones de control del riesgo preconcepcional y promoción de salud, así como crear servicios diferenciados, amigables y confidenciales de orientación para adolescentes, entre otras sugerencias.

La investigadora llamó también a visibilizar e incorporar a los hombres, de forma activa, por su valor relacional en la conducta sexual y reproductiva. En los servicios hay un demanda efectiva centrada en las mujeres y pobre inclusión de los varones, cundo se trata de un tema de dos, reflexionó.

Entre los desafíos permanentes, el jurista Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Cenesex, insistió en la necesidad de sensibilizar y capacitar a grupos que políticamente participan y deciden en el ejercicio de los derechos.

“Esos derechos necesitan de respaldo en regulaciones jurídicas que les den legitimación formal, junto a un proceso también de acompañamiento y legitimación social”, sostuvo.

En la apertura del encuentro, Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, insistió en seguir trabajando en el respeto de todos los derechos para todas personas.

Aludió al actual proceso de reforma de la Constitución, en la cual se expresa explícitamente el principio de no permitir discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial.

No obstante, dijo, en el proceso de consulta popular de la constitución han asomado los intentos de grupos conservadores y religioso que han estado actuando también en la región en los últimos años, de la mano de la extrema derecha.

Seijido identificó un gran desafío en los fundamentalismos religiosos, cuyos mensajes “impactan irremediablemente los procesos de ejercicio de los derechos sexuales” y se amplifican por el uso y efecto de las nuevas tecnologías.

“La nueva Constitución amplía la garantía y reconocimiento de los derechos, particularmente de los derechos sexuales”, precisó el jurista. También coloca como esencial la atención de la violencia, en todas sus expresiones, agregó.

El subdirector del Cenesex reiteró que, en materia de derechos, los avances nunca son suficientes y es necesario revisar las normas de acuerdo a nuevos contextos.

Tal es el caso las mujeres lesbianas, cuya demanda actual de acceso a la reproducción asistida no encuentra respuesta o posibilidades de realización en los servicios y el programa de atención a la pareja infértil del sistema de salud pública en el país.

“La realidad de la mujeres está imponiendo que se revise ese programa”, sostuvo, al comentar que esas nuevas realidades y demandas obligan a modificar política y garantías.

Vázquez Seiiido explicó que, si bien se trata de procederes que demandan altos recursos, la evidencia científica indica que la mayoría de las mujeres lesbianas que piden acceder a este tipo de técnicas no tienen incapacidades para reproducirse.
“Los procedimientos médicos a los que necesitan acceder no son tampoco los más costosos”, sostuvo. (SARA MAS)