Diputados priistas pretenden dar más poder a la Iglesia

PRI
La Coalición “República Laica”, rechaza la Iniciativa que pretende reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

La Coalición “República Laica”, integrada por OSC, Academia, investigadores y personas que defienden el Estado Laico, manifestó su rechazo a la Iniciativa que pretende reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que abre la puerta a las Iglesias y otras instituciones religiosas para adquirir bienes inmuebles, realizar manifestaciones para expresar creencias y ser titulares para operar estaciones de radio y televisión, entre otros temas.

En una carta pública, “República Laica” pidió a la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de diputados, Mercedes Del Carmen Guillén Vicente y a sus integrantes, que reciba a quienes integran la Coalición para que expongan sus preocupaciones y sobre todo, los riesgos que la iniciativa representa para el Estado Laico.

Cabe recordar que República Laica surgió en 2009 por la defensa del Estado laico y que impulsaron la reforma al artículo 40, que elevó a rango constitucional la laicidad. La integran, entre otras organizaciones de la sociedad civil, Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida , Afluentes, Demysex, Foro Intereclesiástico Mexicano, Frente por la Cultura Laica, Libertades Laicas, Iglesia La Luz del Mundo, Logia Masónica.

De acuerdo con la organización, la iniciativa fue presentada por los diputados Carlos Iriarte Mercado y José Hugo Cabrera Ruiz del grupo parlamentario del PRI y pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y fue turnada a la Comisión de Gobernación el pasado 12 de abril.

Consideraron que esta reforma atenta contra el carácter laico del Estado mexicano consagrado en el artículo 40 Constitucional, así como el principio de separación del Estado y las Iglesias, establecido en el 130 Constitucional.

“Es sumamente preocupante que con las modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se amplíen los derechos de adquirir bienes inmuebles sin el visto bueno de la Secretaría de Gobernación, a que las asociaciones religiosas reciban contribuciones no reguladas, así como realizar manifestaciones para expresar creencias; también se incluye la titularidad y operación de estaciones de radio y televisión, al igual que el derecho a controlar y operar medios masivos de comunicación”, señaló República Laica en el comunicado.

De acuerdo con las organizaciones, los argumentos de la iniciativa son “la modernización y armonización del derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religiosa permitiendo que ministros de culto basados en su cuerpo doctrinal puedan expresarse contra políticas y legislaciones”, lo cual agregaron, trasgrede el espacio público laico, beneficiando a las iglesias en detrimento de la ciudadanía plural en nuestro país, ya que abre la puerta a que grupos con valores específicos intenten convertir su visión particular en agenda pública.

Respecto a la objeción de conciencia, agregaron que esta reforma resulta innecesaria toda vez que ya está reconocida en el artículo 24 constitucional, además de que dado que las asociaciones religiosas son instituciones, no pueden gozar de garantías individuales.

Quienes integran “República Laica”, consideraron que dicha iniciativa “es lesiva a la ética laica y por su ambigüedad, se puede incurrir en actos que violenten la Constitución Política”.

Recordaron lo dicho por el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Religión y de Creencias, respecto a que “los lugares donde existen religiones públicas y/o se privilegia a una religión o creencia por sobre las demás, presentan altos niveles de restricciones a la libertad de religión o creencias, y a menudo discriminan contra las personas pertenecientes a minorías religiosas, a las mujeres, niñas, personas LGBTI, conversos o no creyentes, lo que termina limitando la libertad religiosa que se quiere proteger y ampliar.”

Por ello pidieron a Guillén Vicente, no dictaminar a favor de la iniciativa que atenta contra los Derechos Humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.