“Incluir la pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo es una decisión anticonstitucional”, aseveró Becerra, tras afirmar que desde 1790 el censo ha contado a ciudadanos y no ciudadanos
Las comunidades locales dependen de los números del censo para determinar la necesidad de servicios críticos, que incluyen el alivio de desastres, infraestructura, escuelas, salud y seguridad pública, senaló.
Un recuento preciso de todas las personas, sin importar su estatus de ciudadanía, es obligatorio cada diez años, según la Constitución de Estados Unidos.
Además de determinar la representación del Congreso y la distribución de fondos federales, un recuento de población preciso permite a los estados y localidades identificar la necesidad de servicios críticos como ayuda en desastres, proyectos de infraestructura, asistencia de salud pública, escuelas y protección policial y contra incendios.
"Un recuento de censos preciso pone en movimiento los servicios y beneficios que dan forma al futuro de cada californiano. El censo constituye la columna vertebral para planificar cómo y dónde nuestras comunidades invertirán los dólares de los contribuyentes ", dijo el procurador Becerra.
"California simplemente tiene demasiado que perder para permitirle a la administración Trump echar a perder esta importante obligación decenal. Lo que la administración Trump está solicitando no es sólo alarmante, es un intento inconstitucional de interrumpir un recuento exacto del censo",aseveró.
"Al incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo decenal, la administración Trump ha dejado de lado la ciencia, el sentido común y la Constitución", señaló el secretario de Estado de California, Alex Padilla.
"El Departamento de Comercio ha ignorado sus propios protocolos, años de preparación y medio siglo de política en un esfuerzo concertado para suprimir un conteo censal justo y preciso de nuestras diversas comunidades”, apuntó.
“Un recuento insuficiente de la población no sólo amenaza nuestra economía, sino que pone en peligro nuestra representación justa en el Congreso y nuestros derechos fundamentales de voto. California luchará", dijo.
En su demanda, el fiscal general Becerra alegó que incluir una pregunta de ciudadanía en el cuestionario de la Oficina del Censo de Estados Unidos 2020 viola el Artículo I, sección 2 de la Constitución, que requiere la "enumeración actual" de todas las personas en cada estado cada diez años.
Becerra presentó su demanda este martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
El procurador general se ha opuesto de manera abierta al intento de la administración Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al cuestionario 2020 de la Oficina del Censo nacional.
El 12 de febrero de 2018, dirigió una coalición de 19 procuradores generales que envió una carta a la administración estadunidense en la que se advirtió que una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución y los estatutos federales.
El lunes,Becerra -junto al secretario Padilla-, publicó un artículo de opinión en el San Francisco Chronicle destacando cuán alto es lo que está en juego para California.
Los opositores dicen que la pregunta desalentará a los inmigrantes de responder al censo.
Una coalición de fiscales generales instó al Departamento de Comercio en febrero pasado a no agregar una pregunta de este tipo, al argumentar que podría reducir la participación entre los inmigrantes y causar un conteo de población insuficiente.
El Departamento de Comercio indicó que entre 1820 y 1950, casi todos los censos decenales hicieron alguna pregunta sobre ciudadanía.