En sólo ocho días, la sociedad argentina se movilizó y obligó a trabajar a todos los poderes del Estado para impedir que delitos de lesa humanidad e imprescriptibles como secuestros, torturas y desapariciones fueran cubiertos por la impunidad.
El miércoles 3 de mayo, la Corte Suprema de Justicia sorprendió con un fallo en el que apeló a una ley conocida como “2x1”, que cuenta doble el tiempo que un acusado estuvo preso sin condena, en beneficio del represor Luis Muiña, quien además ya gozaba de libertad condicional.
En un fallo dividido, en el que los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti votaron a favor y José Luis Maqueda y Ricardo Lorenzetti en contra, el máximo órgano de justicia le abrió la puerta a la posibilidad de que cientos de represores se acogieran al “2x1” para salir de prisión.
Los reclamos de los organismos de derechos humanos fueron inmediatos, pero desde el gobierno el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, al principio optaron por respetar el fallo en aras de una supuesta independencia de poderes.
Conforme pasaron los días, el rechazo social fue creciendo de manera tal que provocó una crisis que obligó al gobierno a cambiar su posición, por lo que hasta el jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó de manera contundente la decisión de la Corte.
Para frenar la posibilidad de que otros represores pudieran quedar en libertad, y sobre todo los daños políticos para el gobierno, el presidente del Senado, Federico Pinedo, promovió una reforma legal contra el “2x1”, proyecto que fue consensuado con todas las fuerzas políticas.
"Esta nueva ley fue ratificada casi por unanimidad (sólo hubo un voto en contra) en el Congreso en menos de 24 horas, entre el martes y el miércoles, previo a la marcha en la que cientos de miles de ciudadanos repudiaron el “2x1” en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en varias ciudades del país y del extranjero".
Ese mismo día, Macri criticó el “2x1”, pero con un mensaje tibio y tardío, cuando ya había pasado una semana del escandaloso fallo de la Corte y después que en las sesiones del Congreso se exigió algún pronunciamiento público del presidente.
La capacidad de reacción y la convocatoria lograda en la marcha del miércoles demostró la solidez de la lucha por los derechos humanos construida a lo largo de 40 años y que ha sido encabezada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Durante la dictadura, estas mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos y a sus nietos robados en los centros clandestinos de detención comenzaron a reclamar respuestas a los represores pese a los riesgos que corrían.
Cuando Argentina recuperó por fin la democracia, en 1983, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguieron luchando junto a múltiples organismos de derechos humanos, y conforme pasó el tiempo y se demostraron los crímenes cometidos por los represores, el consenso social para castigarlos fue creciendo.
Ahora, cuatro décadas después, Argentina es un caso emblemático en el mundo porque ha logrado condenar con tribunales propios a más de 700 represores, mientras que las Abuelas han recuperado a 122 nietos.