Uniones igualitarias generan nuevos debates en redes sociales

La Habana, enero (SEMlac).- La demora legislativa ante el pedido de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo y el derecho de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) a exigir una respuesta al parlamento cubano retornan por estos días al debate público en las redes sociales.

Tras varios años de espera sin una respuesta parlamentaria en torno al tema, incluido en el anteproyecto del Código de Familia en manos del Ministerio de Justicia desde 2011, activistas piden un pronunciamiento del parlamento cubano al respecto y defienden su derecho a ser escuchados y participar en los debates sobre el tema.

"Este joven ha opinado en mi blog HomoSapiens@Cuba que 'se puede lograr el matrimonio igualitario en Cuba en sólo dos años'. ¿Alguien se suma a la iniciativa?", preguntó en Facebook el médico y activista Alberto Roque, quien días antes había publicado el comentario "Dos años sin leyes sustantivas en el parlamento cubano: demasiadas pausas, ninguna prisa".

"Los derechos humanos no se someten a referéndum, simplemente se garantizan. Nadie tiene derecho, aún en mayoría aparente, a imponernos un deseo erótico que no se corresponde con los dictados opresores de la heterosexualidad", afirmó Roque en uno de los intercambios generados por su comentario.

En su artículo, Roque señaló que "el 2015 cerró con cuatro legislaturas de la Asamblea Nacional de Poder Popular en las que no se aprueba ninguna Ley sustantiva y las cuestiones de la economía nacional siguen acaparando 'los debates' de las diputadas y diputados".

Su pronunciamiento respondía en parte a la iniciativa generada a fines de 2015 en Cienfuegos, donde las Redes Sociales Comunitarias por los Derechos Sexuales publicaron una carta abierta al Parlamento cubano, respaldada por más de 300 firmas por el reconocimiento del matrimonio igualitario.

"Tengo un flash back recurrente cuando leo esas iniciativas y sé muy bien sobre sus frustres impactos. Pero eso no significa que no sigamos demandando desde el activismo social lo que nos corresponde como ciudadanos que seguimos viviendo en esta isla", suscribió Roque.

"Me sumo con mi firma, siempre y cuando se genere un debate con propuestas de cambios tangibles en la institución del matrimonio, de la estructura de las familias nucleares, del poder del patriarcado en todos los órdenes de la vida familiar. También demando la inclusión de la facilitación de la adopción para toda la ciudadanía interesada en ejercerla, en términos legales no burgueses", agregó en su comentario del 12 de enero.

La carta promovida por el activismo y fechada el 10 de diciembre de 2015 fue enviada al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), con la petición expresa de que se actúe con agilidad en la aprobación legal de uniones entre parejas del mismo sexo.

"El reconocimiento pleno de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales es una tarea inconclusa", asegura la misiva, suscrita por las Redes Sociales Comunitarias LGBTIH, los proyectos Humanidad por la Diversidad HxD, Fénix de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, TransCuba y las redes de Jóvenes por la Salud y los Derechos Sexuales y de Juristas por los Derechos Sexuales Themis, vinculadas al Cenesex.

"Es el momento de hacer de Cuba una sociedad más justa, más equitativa y no depender de decisiones erróneas, como legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente por la discriminación histórica", insisten las y los activistas.

La legalización de las uniones entre personas del mismo sexo se incluye entre otras propuestas contenidas en el anteproyecto de un nuevo Código de Familia, que ha sido promovido por la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer del parlamento y la Federación de Mujeres Cubanas.

Sin embargo, esa iniciativa acumula años de espera sin llegar a la discusión parlamentaria y solo ha trascendido que desde 2011 está en manos del Ministerio de Justicia, que deberá elaborar un dictamen jurídico para presentarlo a las y los diputados.