Necesario, garantizar protección de derechos en la vejez: académico

14 de Junio de 2014
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Vejez.
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México, 14 Jun. ( Notimex).- En México hay más de 11.6 millones de personas mayores de 60 años, y entre 8.1 y 18.6 por ciento de ellas son víctimas de maltrato generalmente de sus familiares, por lo que es necesario garantizar la protección de sus derechos.

El catedrático Fernando Quintanar Olguín, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, informó que en 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que entre cuatro y seis por ciento de ancianos en el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato, un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento.

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez, que conmemora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 15 de junio, denunció que estas agresiones no son detectadas ni atendidas y pasan casi siempre inadvertidas.

“La violencia está presente en el maltrato físico, psicológico, emocional o sexual y el abuso de confianza en cuestiones económicas. Esto también puede ser resultado de negligencia, intencional o no" dijo.

El también coordinador del Programa de Psicología del Envejecimiento, Tanatología y Suicidio de la FES Iztacala agregó, las formas más recurrentes son desprecio, marginación familiar, sarcasmo, aislamiento, demanda continua de apoyos de todo tipo y control de tiempos personales, entre otras.

Detrás de las agresiones existen historias familiares llenas de frustraciones, distanciamientos y dependencias mutuas sin resolver, precisó en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La parentela exige a los adultos mayores apoyo económico para sostenerse o pagar deudas y el cuidado de hijos con discapacidad o nietos, en una dinámica negativa, explicó.

“También el hacinamiento familiar y la historia personal de los ancianos los exponen al maltrato, como una forma de castigo por su conducta anterior”, subrayó.

El académico enfatizó que en este sector social es necesario garantizar la atención integral, la protección de sus derechos y fomentar entre la población una cultura de respeto, pues más allá de la legislación se requiere un compromiso con este tipo de personas.

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