Por: Ana Silvia Monzón*
Cimacnoticias | En Guatemala, como escribió Humberto Ak’abal, “todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…” y la justicia.

Y para las mujeres la distancia es mayor. Llegamos al siglo XXI con muchos retrasos: disparidad en la educación, sobre todo para niñas y mujeres indígenas, mestizas y ladinas del área rural; inequidad laboral para la mayoría, incluso las más letradas; escasa representación en los espacios públicos; altos índices de mortalidad materna sobre todo en el campo; aumento de casos de abuso y violaciones sexuales, así como de muertes violentas de mujeres.

Ante ese panorama, las mujeres se han organizado, denunciado y demandado transformaciones en todos los ámbitos: social, político, cultural y económico.

Un breve repaso por tres décadas de movilizaciones de las mujeres da cuenta del logro de algunas leyes que reconocen sus derechos y de instituciones, insuficientes aún, cuya obligación es garantizar esos derechos. Asimismo, se ha logrado que problemáticas como la violencia sean consideradas un fenómeno social y no una cuestión de pareja o familiar.

Uno de los espacios de mayor aporte de las mujeres es el de la justicia. Ellas fueron quienes encabezaron, desde los años 80, la exigencia de cumplimiento de los Derechos Humanos violentados durante la guerra que, en Guatemala, duró casi 40 años.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Cojusticia05cesarmartinezlopezordinadora de Viudas de Guatemala (Conavigua) que surgieron en esos años, junto a otros como Famdegua, no han dejado de insistir en la búsqueda de sus familiares y en la demanda de justicia ante las atrocidades cometidas por una política contrainsurgente basada en la doctrina de seguridad nacional.

Desde la reinstauración de un régimen civil en 1985, que implicó la adopción de una nueva Carta Magna, y particularmente desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, las mujeres han protagonizado acciones diversas para exigir justicia.

Una breve lista de esas mujeres emblemáticas incluye a Helen Mack, Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro, Aura Farfán, Rosa Franco y las mujeres ixiles que declararon en 2013 en el caso del genocidio cometido por el ex dictador Efraín Ríos Montt. Todas han actuado con valentía y perseverancia en su reclamo de justicia.

Y del lado de las instituciones es de destacar el trabajo desarrollado, entre otras funcionarias, por la juez Yassmín Barrios en casos de alto impacto como la condena a ex militares por el asesinato de monseñor Gerardi, y en 2013 por la sentencia a Ríos Montt por genocidio.

Y también por Claudia Paz y Paz, primera mujer electa para dirigir la Fiscalía General y el Ministerio Público (MP), que junto a su equipo de trabajo ha logrado avances reconocidos nacional e internacionalmente (1).

En los tres años y tres meses al frente del MP, la actual fiscal ha consolidado adelantos en la atención de la violencia contra las mujeres, a través de la creación de un Modelo de Atención Integral a las denunciantes de violencia, tomando en cuenta que de 2009 a 2013 ha habido un aumento significativo de denuncias de violencia contra las mujeres seguramente porque en 2008 se aprobó la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.

Datos del MP revelan que en 2009 se recibieron 30 mil 702 denuncias y para 2013 éstas llegaron a 49 mil 599 (2).

Asimismo, se ha fortalecido la Fiscalía de la Mujer a nivel central y se han abierto agencias especializadas en Fiscalías Distritales, lo que ha permitido aumentar la cantidad de sentencias condenatorias en casos de violencia, de 78 en 2009 a mil 110 en 2013.

Otro avance fue la realización de un diagnóstico interno de la institución en términos de la situación y condición de mujeres y hombres, y la adopción de una Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres (3) que marca varios ejes: la armonización de las normas internas a los instrumentos internacionales en materia de igualdad de género; la adopción de medidas para lograr la equidad entre el personal; la búsqueda de una mejor atención a quienes acuden al MP, y la coordinación interinstitucional para garantizar la resolución de los casos de violencia contra las mujeres.

Por supuesto, hay desafíos que la Fiscalía General y el MP no pueden soslayar en materia de derechos de las mujeres (4). Desafíos cuantitativos por el número de casos que se acumulan y que constituyen un síntoma del grave problema de violencia contra las mujeres en el país.

Desafíos cualitativos, en términos de la calidad de la atención, de la formación de fiscales en la perspectiva de género, de las capacidades institucionales para investigar y garantizar una respuesta concreta a las ciudadanas que acuden a buscar justicia.

La situación creada por la resolución de la Corte de Constitucionalidad en marzo pasado, que acortó el periodo para el cual fue nombrada la actual fiscal (5), y el inicio del proceso para la selección de la persona que ocupará ese cargo a partir de mayo próximo suponen un reto tanto para la Comisión de Postulación, encargada de establecer los criterios idóneos y de garantizar un proceso transparente, como para el presidente de la República a quien corresponde tomar la decisión final.

Para las mujeres en Guatemala es de suma relevancia que quien llegue a ocupar el cargo en la Fiscalía General y MP mantenga y fortalezca los avances institucionales en materia de atención integral, investigación de las denuncias y sentencias en casos de agresión sexual y violación, pero también en los miles de casos que limitan otros derechos de las mujeres (a la libre expresión, a la defensa de los Derechos Humanos, etcétera).

Ese es el reto para las organizaciones sociales que dedican sus esfuerzos a lograr el acceso de las mujeres a la justicia: continuar con la vigilancia ciudadana del actuar de instituciones que, como el MP, están obligadas a garantizar una justicia pronta y cumplida.

Necesitamos que, en nuestro país, la justicia escuche y se acerque a las mujeres.

(1) María Encarnación Mejía García de Contreras ocupó en dos ocasiones este puesto, pero de manera interina.
(2) Ibid p. 15.
(3) Ministerio Público. Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2014. p. 14.
(4) Si bien existe el desafío de la cantidad de denuncias de violencia contra las mujeres, otros casos en materia de conflictos ambientales, criminalización de quienes resisten a proyectos de minería e hidroeléctricas, de atentados a la libertad de expresión y otros, también afectan a las mujeres.
(5) Acción que fue impugnada por organizaciones sociales, ya que se consideró un acto más político que jurídico.

*Socióloga y comunicadora feminista. Coordinadora de Voces de Mujeres.