México, 9 Abr. (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el curso Control Difuso de Convencionalidad, mediante la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), al que se han inscrito más de 700 juzgadores de todo el país.
En un comunicado, el máximo tribunal puntualizó que el curso iniciado el 1 de abril incorpora la opinión y la asesoría de destacados académicos nacionales e internacionales y de expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como una visión práctica con impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación.
La SCJN precisó que esa capacitación se ofrece en la modalidad presencial y a distancia aprovechando la infraestructura tecnológica con que cuenta el organismo, en respuesta a los grandes alcances de la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2011.
Subrayó que ese esfuerzo es inédito, no sólo porque se enfoca a todos los impartidores de justicia del país, sino porque para su desarrollo se han conjuntado esfuerzos y recursos que aporta el Tribunal Constitucional y el Fondo Juríca.
En ese caso los beneficiarios son todos los juzgadores que integran la AMIJ, pues se trata de un proyecto de formación sobre un tema fundamental para todos los operadores del sistema de justicia.
También busca sensibilizar a los impartidores de justicia de México respecto de las obligaciones que las judicaturas deben asumir en la protección de los derechos humanos y despertar en ellos la voluntad de profundizar en el conocimiento, así como dotarlos de las herramientas jurídicas que les faciliten su trabajo.
El curso respeta la independencia de las autoridades encargadas de aplicar e interpretar la ley, porque no se pretende dar patrones para la resolución de los casos, sino difundir métodos, técnicas, instrumentos jurídicos y mejores prácticas internacionales en el ramo.
El objetivo final es que los participantes conozcan las dimensiones de sus nuevas obligaciones constitucionales y generar conciencia sobre la importancia y alcances de ejercer el control difuso de convencionalidad, como una técnica mediante la cual los jueces de todo el país protejan y garanticen la más amplia protección de esas garantías.