En atención a una denuncia por Internet, los inspectores ambientales acudieron al domicilio donde reportaron que una persona tenía las aves de las especies Aratinga canicularis o Eupsittula canicularis y Calocitta colliei, todos juveniles.
Debido a que el responsable no pudo acreditar su posesión legal ni contaba con el registro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para tener las cotorras y la urraca, las entregó de manera voluntaria.
Posteriormente, un médico veterinario zootecnista del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) "Protección y Conservación de Fauna Silvestre" determinó que las aves tenían buenas condiciones físicas y de salud y estaban aptas para su liberación.
Tras el diagnóstico, el personal de la PRofepa las liberó en su medio natural en un sitio alejado de la zona urbana, con abundante agua, vegetación y alimentación, para garantizar su sobrevivencia.
La cotorra o perico atolero es una especie protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría Sujeta a Protección Especial (Pr) y listada en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES por sus siglas en Inglés).
En un comunicado, indicó que capturar ejemplares de vida silvestre, sin los permisos correspondientes emitidos por la autoridad competente se considera un delito contra la biodiversidad.
La Profepa exhortó a la ciudadanía a no adquirir ejemplares de vida silvestre, sin la documentación que acredite que provienen de aprovechamientos sustentables autorizados o legalmente importados, ya que ningún ave de la familia Psittacidae o psitácido como loros, pericos y guacamayas orginarias del país puede sacarse de su hábitat con fines comerciales.