Al menos tres son los temas que destacaron durante el 2015 para las mujeres en Sonora. Uno de los que más se habló fue la violencia feminicida, luego de que mujeres organizadas de Ciudad Obregón, ubicado al sur del estado, solicitaran la Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme.
El feminicidio en la entidad se disparó en 2015 con respecto al año pasado, al igual que sucedió en el año 2009 con respecto al 2008.
Ambos años electorales dejaron en la indefensión a las mujeres que sufren violencia extrema por parte de sus parejas, ex parejas, o algún otro integrante de la familia y que, al no ser atendidas de acuerdo al elevado riesgo, murieron asesinadas por sus verdugos.
Estas pérdidas de la vida siguen perpetrándose principalmente en el ámbito familiar en hasta 60 por ciento y el lugar de los hechos es su domicilio, en la mayoría de los casos.
Las jóvenes siguen siendo las más afectadas y es el arma de fuego, seguida por la asfixia por estrangulamiento, la más utilizada para asesinar a las mujeres.
Sin embargo, en la serie de actos violentos, es decir aquellos que se infligen para hacer sufrir a la víctima sin que necesariamente le produzcan la muerte, van desde los golpes con algún objeto contundente, heridas con arma punzo cortante, golpes varios, patadas, quemadas, y otras.
Al panorama de violencia feminicida en Sonora, que aumentó en 27 por ciento con respecto al año 2014, se agrega la desaparición, que es previa al feminicidio.
Ésta es una circunstancia que no se había establecido con tanta claridad como en este año, constituyendo 23 por ciento del total de los casos del 2015.
PENDIENTE, UNA POLÍTICA CONTRA LA VIOLENCIA
Ante esto hay varios pendientes que se vienen arrastrando desde la anterior administración.
Uno de ellos es una política pública bien definida para prevenir y atender la violencia intrafamiliar y de género.
La perspectiva de Derechos Humanos (DH) no ha llegado a quienes toman las decisiones.
El destino de la mujer agredida se define dependiendo de quién la atienda, pues se utiliza el criterio personal, mismo que no siempre se apega a los derechos de la víctima.
El otro gran pendiente no resuelto es la creación y operación de un protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género.
Además de no contar con el protocolo, la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora no se ha modificado para incluir la obligatoriedad de contar con un protocolo especializado para investigar el feminicidio, lo cual tampoco se ha incluido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como debería haberse hecho desde hace tiempo.
EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES
Otro tema que afecta a las mujeres en Sonora es el embarazo en niñas y adolescentes, donde son estas últimas las que más casos registran.
No existe información sistematizada sobre la relación entre el embarazo adolescente y la violencia sexual, pero lo que se sabe es que ésta ha ido en ascenso.
En 2014, la Procuraduría reportó 272 casos de violencia sexual, mientras que para octubre de 2015 se tenían registrados 164.
¿Cuántos casos de este tipo de agresiones produjeron un embarazo no deseado? Ese es un dato desconocido.
Por otra parte, la Ley de protección a niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora en su Artículo 25, fracción 8 estipula, que en materia de educación, cultura y recreación de las niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación y Cultura, los gobiernos municipales y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) procurarán proporcionar información, educación y orientación sexual.
No obstante, no se han modificado planes de estudio.
Los libros de texto siguen sin incluir educación básica sexual que ayude a promover nuevas formas de relacionarse entre las y los jóvenes, desde la perspectiva de DH, con una visión de autocuidado y empoderamiento para la toma de decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas.
Por una parte están los embarazos de adolescentes que fueron violentadas sexualmente, y por otro, las adolescentes que decidieron iniciar sus relaciones sexuales “a ciegas”, pues no recibieron información científica, completa que les permitiera tomar decisiones en libertad y con seguridad.
PARIDAD, UNA GOBERNADORA
El otro gran tema que permeó a las mujeres en Sonora fue la paridad electoral.
2015 fue año de elecciones y por primera vez, después de una lucha de al menos veinte años, una mujer accedió a la gubernatura del estado.
El congreso local, por votación, tendría una representación paritaria entre mujeres y hombres.
Sin embargo, impugnaciones posteriores a los comicios y la determinación de autoridades judiciales reasignaron tres de las curules de las mujeres, para otros tantos varones.
Por ello las mujeres se quedaron con 39 por ciento de las diputaciones. De cualquier forma obtuvieron un avance significativo, pues nunca se había podido superar la cifra de 6 curules (18 por ciento) como máximo para las mujeres.
También por primera vez también, en las planillas de todos los partidos para los 72 municipios la lista se componía de mitad hombres y mitad mujeres, pero en forma vertical, encabezadas en su mayoría por varones.
Aunque no se logró que presentaran la paridad horizontal y sólo la paridad vertical, por primera ocasión las mujeres accedieron a 63 sindicaturas y la mitad de las regidurías.
URGE PERSPECTIVA DE DH
No son todos los temas que afectan a las mujeres, pero sí son los tres que implican retos muy precisos y que tienen algo en común: la perspectiva de DH.
No se podrá bajar el índice de embrazo adolescente mientras a las niñas y jóvenes se les vea como seres sin derechos.
Seguirán experimentando a ciegas, y otras siendo víctimas de los depredadores que además de abusar sexualmente de ellas, las obligan a ser madres, sin que ellas puedan tomar decisiones al respecto.
Lograr erradicar la violencia intrafamiliar y reconocerla como potencial de feminicidio requiere la perspectiva de DH. Implica atender las recomendaciones y la sentencia sobre el tema, dictada al Estado mexicano.
Reconocer como DH de las mujeres la participación profesional y política.
El reto es elevar la igualdad a eje transversal de las políticas públicas, no sólo en el ámbito electoral a través de la paridad, sino también en la administración pública en los altos niveles, en cumplimiento a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en particular el número 5 referente a la igualdad de género, compromiso signado recientemente por el gobierno mexicano.
Pero nada de lo anterior será posible sin antes tomar la medida decisiva de etiquetar presupuesto para operar las leyes que tutelan y protegen los DH de las mujeres.
Sin ésta cualquier oferta para las mujeres es como un mero propósito de Año Nuevo que, como muchos, corre el riesgo de desvanecerse.
