En días recientes se hizo evidente cómo mujeres campesinas en Guatemala avanzan en su capacidad organizativa, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre).
En especial, la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, constituida por 50 agrupaciones de seis regiones, dio a conocer los planteamientos que unificarán su acción, mismos que han venido construyendo ellas mismas a partir de sus análisis políticos, rasgo que denota su autonomía.
Las integrantes de esta alianza se distinguen de otras porque están dispuestas a exigir sus demandas específicas como mujeres indígenas y campesinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido en sus vidas estar subordinadas y discriminadas en el ámbito privado y en todos los espacios públicos. Ellas se proponen tener más poder.
Y qué significa el empoderamiento para estas campesinas organizadas: “Es reconocer nuestras habilidades, capacidades y aportes que damos en la familia y en la economía, tener firmeza con nuestra identidad, vernos como mujeres, estar dispuestas a compartir conocimientos, tener madurez política y autoridad”.
Es decir, entienden como parte del ejercicio de su ciudadanía el fortalecimiento de su liderazgo sin reproducir los comportamientos patriarcales; en suma, rechazan las actuaciones políticas que fomentan la dependencia, alientan las rivalidades y reproducen las jerarquías machistas.
Entre las exigencias de esta articulación sobresale una política pública de acceso a tierra, que incluya la dotación de terrenos fértiles a precios simbólicos, que cuenten con servicios y vías de comunicación, les asignen subsidios suficientes y asesorías de calidad, y les reconozcan como propietarias sin intermediarios (por ejemplo tener compañero de vida).
En otras palabras, requieren una nueva entidad que corrija todos los errores y abusos cometidos por el Fondo de Tierras, que discriminó a las mujeres sin hijas e hijos, ignoró las solicitudes de campesinas organizadas, vendió parcelas de mala calidad y negó apoyos oportunos.
En los últimos dos años el Fondo de Tierras no ha adjudicado terrenos, a pesar de que en Guatemala existe una elevada demanda insatisfecha de familias sin tierra para producir.
Aunque la ley establece que las campesinas con hijas e hijos serán reconocidas como propietarias en caso de que no tengan pareja, y como copropietarias si viven con su cónyuge, en 2011 entregó dos fincas sólo a hombres.
Existen varios estudios que demuestran el fracaso de dicho fondo, de tal manera que al no existir ninguna institución encargada de la dotación de tierras es muy pertinente que el Ejecutivo apruebe una política específica para campesinas, cuyo enfoque busque superar los elevados índices de desigualdad que existen entre mujeres y hombres propietarios.
La solicitud ya fue presentada a la oficina de la encargada del Gabinete de la Mujer.
Bien merece ser escuchada la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, misma que también demanda la anulación de las licencias de los megaproyectos porque –además de destruir bienes naturales– están generando más violencia contra las mujeres, explotación sexual comercial y trata de personas; violentan la decisión de pueblos indígenas e imponen un ambiente hostil por la presencia de fuerzas armadas del gobierno y privadas.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda.