En la sesión de este jueves, la diputada Leticia Estrada Hernández, de Morena, anunció una iniciativa de reforma al Artículo 345 Bis del Código Penal para castigar hasta con ocho años de prisión a quien derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles con la intención de obtener cualquier tipo de beneficio económico.
En tribuna, explicó que de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 30 y 50 por ciento de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita, lo que implica que cuatro de cada 10 árboles que se talan no cuentan con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
“En la Ciudad de México esta problemática ha ido en aumento, principalmente en las alcaldías del sur que cuentan con áreas forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan y Álvaro Obregón entre otras, y en las que todos los días habitantes se percatan de la tala indiscriminada por parte de grupos criminales, que operan con total impunidad”, destacó.
Sumado a lo anterior, indicó, se encuentra la operación de aserraderos clandestinos, que se agravó por la total opacidad de la administración pasada y la complicidad de las autoridades, lo que propició que los habitantes de estas demarcaciones se enfrenten a los grupos criminales para defender las áreas naturales.
El diputado Christian Von Roehrich, del PAN, propuso reformar el Artículo 118 de la Ley a la Tierra en el Distrito Federal en materia de autorizaciones para la poda, derribo o trasplante árboles.
Ello, para que sea necesaria la autorización expresa de la Secretaría "la cual sólo podrá otorgarse únicamente con el visto bueno de la alcaldía respectiva, para cualquier edificación, construcción, obra o actividades sin importar la extensión, construcción o superficie”.
Dijo que la construcción de nuevas obras ha generado una deforestación seria, y estimó que, sólo para construir obras, de 2000 a 2015 en la Ciudad de México se han talado más de 56 mil árboles, sin que exista una correlación favorable entre la deforestación y los trabajos de reforestación.
Recordó que en recientes días, se tuvo la noticia de la tala de una importante cantidad de árboles en la calle Real de Mayorazgo de la alcaldía de Benito Juárez, y destacó que uno de los problemas más graves de la capital son las contingencias ambientales, derivadas de la falta de árboles que mejoren la calidad de aire y que funjan como filtros naturales en caso de lluvias fuertes.
En su oportunidad, la diputada Teresa Ramos Arreola, del PVEM, propuso reformas a diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, a objeto de reforzar el marco jurídico para proteger las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental.
“Se trata de proteger realmente esas zonas que nos brindan a todas y todos los capitalinos grandes servicios ambientales, como la producción de agua, la regulación del clima, la retención de suelo, la captura de carbono, la biodiversidad, belleza escénica, recreativa y cultural, solo por mencionar algunas”, dijo el tribuna.
Indicó que el Partido Verde propone establecer que los programas de manejo de las Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales Protegidas se emitan obligatoriamente por parte de la autoridad dentro de un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de su decreto de creación.
Lo anterior, a efecto de combatir el progresivo deterioro ambiental que se presenta en las respectivas zonas decretadas y así contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para todos los capitalinos.