En el marco del Congreso de Derecho Electoral y Parlamentario, organizado por alumnos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que esas instancias, originadas por una minoría parlamentaria, “jamás tuvieron efectos positivos”.
El también colaborador de la revista Proceso expuso que esas instancias parlamentarias carecen de fuerza para hacer pesquisas, “su materia está limitada a organismos descentralizados del Estado y sus conclusiones deben ser presentadas al titular del Poder Ejecutivo”.
Dijo que desde la primera comisión, creada en 1979, hasta la última de ellas, “todas han naufragado y sin consecuencias en su accionar”.
Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tiene la capacidad para recibir quejas e investigar sucesos que pudieran constituir violaciones graves a las garantías individuales, pero su papel está reducido a presentar recomendaciones no vinculantes.
Admitió que la incorporación de las llamadas candidaturas independientes a puestos de elección popular ha sido un avance, pero más en el campo de los derechos ciudadanos que en la modificación del sistema político.
Esa opción política, planteó, ha cambiado muy poco la forma de operar de los partidos y las relaciones entre ellos.
En cuanto a la consulta popular, "el perredista comentó que fue un gran paso en la conquista de las prerrogativas políticas; no obstante la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un golpe a ese nuevo instrumento al negar la realización de un referéndum sobre la reforma energética".
Referéndum, plebiscito y revocación del mandato son instrumentos mediante los cuales se tiende a conformar nuevos sujetos sociales que asumen funciones legislativas y de dictamen político, recordó.
A su vez, Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que el ejercicio del voto es fundamental para la democracia, pero no agota la participación de la ciudadanía.
Lo anterior, enfatizó, debido a que “si aceptáramos que el accionar social está limitado a elegir a los gobernantes y a los representantes populares sería tanto como abrir un cheque en blanco para que los políticos hicieran lo que quisieran”.
Reconoció la existencia de una percepción generalizada respecto de que las instituciones públicas no tienen credibilidad, pues de cada cien mexicanos 94 dicen no tener confianza en el comportamiento de los organismos públicos, en particular los partidos políticos y el gobierno.
De acuerdo con el informe sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el INE en 2015, 53 por ciento de la población está conforme con un esquema de organización democrática como el actual, pero 23 por ciento considera que debería haber una estructura distinta que podría ser incluso de tipo autoritario.
Baños Martínez expuso que los esquemas que se han establecido a través del Sistema Nacional de Transparencia ofrecen mecanismos para conocer el desempeño de las autoridades y “creo que es una de las partes más importantes que podrían ejercerse”, puntualizó.