Así lo expuso la académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Sofía Cobo Téllez, quien dijo que esos medios alternos dan la posibilidad de atender las disputas de manera estructural y posibilitan la restauración del daño, con lo que se evita la reincidencia delictiva.
“Cuando entendamos que la audiencia de juicio oral no es la regla general, sino al contrario, es la última ratio, las cosas empezarán a cambiar”, indicó la especialista en la mesa Análisis del Sistema Procesal Penal, realizada en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Consideró fundamental establecer medios alternos para la resolución de conflictos que permitan atenderlos de manera estructural y posibiliten la restauración del daño, evitando la reincidencia delictiva.
La experta en proceso penal acusatorio señaló que los cambios al modelo de impartición de justicia traerán consigo nuevos desafíos que se solventarán mediante la creación de políticas públicas, la capacitación y la actualización de operadores.
Asimismo, abundó, en el incremento de recursos humanos, materiales y financieros, así como en la elaboración de estrategias multimodales de reinserción social y prevención del delito, entre otros aspectos.
Debido a que la efectividad de los cambios depende de múltiples factores de orden político, económico y social, consideró que se debe incluir la participación de la sociedad civil, la realización de campañas y ejercicios comunitarios, así como la medición periódica de los resultados, a fin de consolidar y fortalecer el nuevo modelo de justicia.
“El tiempo es fundamental para la operación efectiva de cualquier sistema, por lo que deberán pasar algunos años antes de ver resultados significativos”, opinó
A su vez, el profesor-investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de esa casa de estudios, Antonio Salcedo Flores, indicó que si bien se han logrado avances en la materia, persisten muchos vacíos en derechos humanos y en la administración y procuración de justicia.
Sin embargo, agregó, también deben reconocerse sus virtudes como la presunción de inocencia a nivel constitucional, la garantía de que la prisión preventiva debe ser provisional y la nulidad de las actuaciones, entre otras.